Casi el 40 por ciento de los juicios rápidos que se celebran en España son por delitos de seguridad vial

El 39 por ciento de los juicios rápidos celebrados en España son por delitos contra la seguridad vial, según consta en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, que espera que esta proporción experimente un "incremento importante" durante el año 2008 debido a la entrada en vigor de las penas por conducir sin permiso.

Así, en el informe se apunta que el número de diligencias previas incoadas por delitos contra la seguridad del tráfico fue de 43.926, hasta 6.229 más que el año anterior, y 9.473 más que en 2005. Del total, el 90 por ciento son por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

En cuanto al impacto de la reforma del Código Penal que entró en vigor en su mayor parte en diciembre de 2007, hasta febrero de 2008, casi el 98 por ciento de las diligencias previas se debieron a delitos relacionados con el alcohol, y el 99 por ciento de las diligencias urgentes fueron motivadas por la misma causa.

Pese a que en el informe se defiende que la reforma del Código Penal no está produciendo disfunciones en el normal funcionamiento de los juzgados y tribunales, se reconoce que se ha originado un "sensible incremento" en el número de juicios rápidos por conducción alcohólica, que ya alcanza el 20 por cien de la media.

No osbtante, esta proporción podría cambiar en 2008, ya que desde que entró en vigor el uno de mayo de 2008 la parte de la norma referida a las penalizaciones por conducir sin carné, el número de juicios rápidos celebrados por conduccir sin permiso ha superado ya a los celebrados por alcoholemia, salvo durante los fines de semana.

Según los datos aportados por la Fiscalía, en los 15 primeros días de mayo, en Sevilla se iniciaron por conducir sin carné 81 diligencias; en Barcelona, 63; en La Coruña, 60; en Madrid, 50; y en León, 14.

Con respecto al impacto de la reforma en el número de conformidades, la memoria advierte una "evolución favorable", al pasar de entornos cercanos al 80 por 100 a superar en la actualidad el 90 por 100, lo que implica una "reducción de trabajo para los Juzgados de lo Penal" que, sin embargo, experimentarán un incremento en el número de ejecutorias que alcanzará el 20 por 100 de media.