Casi 1.500 españoles están en prisiones extranjeras por causas vinculadas con drogas

De clase media-baja, con problemas de drogadicción y detenidos por camellos en un país donde se habla diferente. Este es el perfil medio de los 1.906 españoles encarcelados en el extranjero, el 78% de ellos, un total de 1.486, por causas relacionadas con la droga.

Así lo subraya la coordinadora del programa de Presos en el Exterior de la Fundación Ramón Rubial, Eva Soriano, cuyo discurso enlaza con la advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web: los problemas "prácticos y emotivos" de una situación de detención o de prisión en un país extranjero "pueden ser enormes".

Marruecos, con 220 presos españoles, y Francia, con 211 -muchos de ellos por causas relacionadas con ETA-, encabezan la lista de países donde transcurre lo que Soriano llama "la pesadilla de los detenidos y sus familiares", que se repite en lugares como Perú, Portugal o Brasil, con 163, 131 y 123 encarcelados, respectivamente. Y es que a las condiciones de las cárceles, deplorables en muchos países, o a las posibles deficiencias en los servicios telefónicos y postales, hay que sumar "una cultura y unos modos de vida distintos y, en la mayoría de los casos, un idioma diferente", como previene Exteriores.

"La típica tontería"

Soriano destaca el caso de algunos jóvenes que chocan de frente con la soberanía de otro país cuando en viajes de ocio "cometen la típica tontería de llevar pequeñas cantidades de hachís para su consumo", así como el de aquellos que acceden a ejercer de camellos en un rápido viaje de fin de semana.

"Estos no tienen problemas económicos ni familiares, pero la tentación de conseguir dinero rápido y en grandes cantidades les supera, aunque es el perfil menos frecuente", afirma Eva Soriano, que destaca la estafa y el robo como los otros delitos más habituales.

El 15% son mujeres

Aunque solo el 15% de estos presos son mujeres, la dificultad que supone que "algunas de ellas sean madres de familia" también es mencionada por Soriano, que destaca la labor de los consulados como "punto de enlace" entre los detenidos, sus familiares y las autoridades españolas. Y es que, una vez notificado el arresto, el personal consular visita al preso con el fin de "prevenir actos indeseables" y de "demostrar a las autoridades locales que se encuentra respaldado", explica el subdirector general de protección de los españoles en el extranjero, Javier Herrera.

El Consulado también facilita a los detenidos la ayuda económica -de hasta 120 euros- con la que el Estado español trata de mejorar la dieta alimenticia y las condiciones higiénicas y sanitarias de los presos, destaca Herrera, que reconoce que "en algunas cárceles prácticamente hay que pagar por su propia seguridad".

Por su parte, Javier Herrera subraya también que en nuestro país, "según qué tipos de delitos, no se les aplican las reducciones de pena a las que sí pueden acogerse en la mayor parte de los países", por lo que "pueden acabar cumpliendo una condena más larga si vuelven".

Colaborar con letrados locales para asesorar a los presos sobre la conveniencia o no de solicitar su traslado es uno de los retos planteados el pasado octubre por el Consejo General de la Abogacía, cuyo presidente, el aragonés Carlos Carnicer, calificó de "tarea inacabada" el asesoramiento legal de los presos españoles en el extranjero.