Casi 16.000 menores son condenados cada año

Casi 16.000 menores de entre 14 y 17 años son condenados cada año en España, la mitad de ellos en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña, y la mayor parte por su implicación en delitos contra el patrimonio.

Según los resultados provisionales del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2008, en todo el país fueron condenados 15.919 menores (el 84,65% de ellos eran varones y el 15,35%, mujeres), que habían cometido 26.134 infracciones. De estas infracciones, 17.526 fueron calificadas como delitos y las otras 8.608 como faltas.

Andalucía, con 4.126 menores de entre 14 y 17 años (3.562 hombres y 564 mujeres) fue la región con más condenas, seguida de la Comunidad Valenciana, con 2.034 (1.690 chicos y 344 chicas). Tras ellas se sitúan Cataluña, con 1.944 casos (1.688 varones y 256 féminas) y Madrid, con 1.644 (1.356 y 310, respectivamente).

En el lado opuesto se encuentran, además de Ceuta (126 menores condenados) y Melilla (75), Navarra, con 179 sentencias (148 a varones y 31 a féminas) y La Rioja, con 181 (130 hombres y 31 mujeres). En Aragón, el total de condenados ascendió a 387, de los que 73 eran mujeres y 314, hombres.

Por sexos, 4.895 menores tenían 17 años en el momento de ser condenados, en tanto que 4.578 tenían 16 años, 3.759 contaban con 15 años y 2.687 no superaban los 14 años.

En todas las comunidades los chicos condenados son cinco veces más que las chicas, pero en La Rioja esa proporción se desestabiliza y las jóvenes sentenciadas representan casi el 40% del total de condenas.

Delitos contra el patrimonio

También por encima de la media en cuanto a mujeres con condena están Aragón (con el 23,24%), Madrid (22,86%) y Castilla-La Mancha (22,41%), entre otras.

Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico son la causa fundamental de las condenas de los menores, con 10.292 casos, muy por delante de las lesiones, con 3.042. Sin embargo, los menores también cometieron otros delitos más graves, de tal modo que, por ejemplo, se vieron involucrados en 46 homicidios y 299 casos de violaciones o abusos sexuales.

Tras las condenas se adoptaron 21.610 medidas; en 7.860 casos se optó por la libertad vigilada, mientras que en otros 4.749 expedientes se establecieron prestaciones en beneficio de la comunidad.