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CATALUÑA

Casas asume la ponencia del 'Estatut'

El borrador de la sentencia elaborado por un ponente de los conservadores no se llegó ni a votar.

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, asumió ayer la ponencia de la sentencia del Estatuto de Cataluña después de que el sector conservador se mostrara tan incapaz como el progresista de suscitar el consenso suficiente para sacar adelante una resolución.

Esta vez, al contrario de lo que sucedió el 16 de abril con el último borrador de sentencia presentado por la progresista Elisa Pérez Vera, ni siquiera fue necesario votar el texto redactado por Guillermo Jiménez, vicepresidente del TC.

Según fuentes del tribunal, bastaron las intervenciones de los magistrados en el pleno para que Jiménez asumiera que su borrador, más restrictivo con el 'Estatut' que los de Pérez Vera, tampoco tenía los apoyos necesarios, lo que le llevó a retirar el texto y renunciar también él a la ponencia.

Entonces, Casas -que se comprometió ante sus compañeros a presentar otro borrador, que sería el séptimo, a la mayor brevedad posible- decidió asumir la misión de intentar desbloquear un debate que ya dura casi cuatro años.

El resultado de ayer era el previsible, después de que hace poco más de un mes los magistrados rechazaran por seis votos a cuatro el quinto borrador de sentencia, que ya anulaba una quincena de artículos de la norma y condicionaba la constitucionalidad de una veintena más a la interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar el 'Estatut'.

El último proyecto de sentencia ampliaba el número de preceptos declarados inconstitucionales. Una de las posiciones clave ha sido la del magistrado Manuel Aragón, quien, pese a su adscripción progresista, votó con los conservadores para rechazar el borrador de Pérez Vera y mantuvo una de las posturas más críticas con los aspectos del 'Estatut' que afectaban a la nacionalidad y los símbolos catalanes. Pero Jiménez no consiguió presentar un texto que recibiera a la vez el apoyo de Aragón y de los cuatro magistrados del bloque conservador, que exigen que el texto estatutario sea fuertemente "recortado".

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