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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Casas abronca al PP y al PSOE por dilatar la renovación del Constitucional

La ya ex presidenta del tribunal dice que los retrasos "embarran" la legitimidad de los jueces con "cábalas" extraparlamentariasAlgunos partidos la acusaron de ser la responsable de perturbar la institución.

La hasta ayer presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, rompió seis años de obligada discreción y utilizó el discurso de despedida para ajustar cuentas con los dos grandes partidos por haber tardado tres años en renovar a los cuatro magistrados que agotaron su mandato en 2007. El PSOE y el PP, además, tampoco han sido capaces de designar los sustitutos para los tres que están en funciones desde noviembre pasado, y para Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008, cuya silla en el pleno continúa vacía.

Aprovechó el solemne acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados, uno de los cuales cubre su plaza en el tribunal, para recordar a socialistas y populares que renovar cada tres años y en plazo un tercio de los miembros del tribunal no es una opción sujeta a cálculos políticos sino "un deber constitucional". No hacerlo, como se ha convertido en hábito, es "un incumplimiento grave" de la Carta Magna que "perjudica la calidad de nuestra democracia".

La voz la puso la ex presidenta del tribunal, pero el rapapolvo lo suscribieron sin excepción cada uno de los antiguos y nuevos miembros del tribunal, sin distinción entre progresistas y conservadores, como confirmaron más tarde en privado y como demostraron en público con una larga y sentida ovación a una presidenta con lágrimas en los ojos.

Casas aseguró que el bloqueo durante tres años de la renovación de magistrados en el Senado es algo nunca visto y que tener que constituir el nuevo tribunal con 11 miembros, y no los 12 que establece el texto constitucional, porque "el Congreso no ha encontrado tiempo desde 2008 para cubrir la vacante" de García-Calvo, es, "además de una anomalía", algo que ocurre "por primera vez en la historia".

Advirtió a ambos partidos de que este proceder "no es conforme a la Constitución" y, por tanto, "nunca más debería volver a producirse". Reiteró asimismo al Congreso la "necesidad apremiante" de que cubra la vacante y designe el recambio de los otros tres magistrados que continúan en funciones por respeto a la Carta Magna. "Si los procedimientos previstos por los reglamentos de las cámaras no consiguen que (los partidos) cumplan la Constitución, habrá que cambiarlos", reclamó, al tiempo que mediante la cita de una frase del Rey exigió "respeto y lealtad" para la alta institución.

La ya ex presidenta no quiso concluir sin poner otros dos puntos sobre las íes de los partidos. Dijo que los retrasos en los nombramientos y la provisionalidad "empañan la legitimidad" del tribunal y además las designaciones finales quedan "embarradas" por "las cábalas de todo tipo y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento". De igual manera avisó de que "cualquier reparto de puestos" entre los partidos, "sin atender a las cualidades de cada uno de los candidatos", a su valía profesional, es una "vulneración del mandato constitucional tan grave como los retrasos".

La bronca de Casas, no obstante, tuvo muy poco efecto sobre el PP y el PSOE, que confirmaron que las negociaciones de las cuatro designaciones pendientes del Congreso están "rotas" y que no hay fecha para la renovación, que puede dilatarse incluso "durante meses". Los populares no están dispuestos a prescindir del nombramiento del magistrado Enrique López y los socialistas lo han vetado por no cumplir los requisitos, por falta de cualificación y porque creen que sería "un elemento de desestabilización política desde dentro del Tribunal Constitucional".

"La etapa más negra del TC"

Los socialistas no se dieron por aludidos por las críticas porque dicen que nunca han bloqueado nombramientos, pero varios partidos, como el PP, UPyD o BNG, arremetieron contra la presidenta saliente. Desde el PP se calificó, a través de Federico Trillo, la etapa de María Emilia Casas como "la más negra de la historia de la institución". Aunque reconoció que dijo "cosas ciertas", señaló que "no está legitimada" para abroncar a nadie por ser, a su juicio, la responsable de muchas de las perturbaciones que han dañado al tribunal.

Casas también citó la sentencia del Estatuto de Cataluña, el fallo que está detrás del bloqueo político de las renovaciones. Lamentó la crispación que rodeó el recurso -"a todas luces excesiva"-, los excesos declarativos de los políticos catalanes y el "uso abusivo" por el PP de las recusaciones de magistrados, que cree que requeriría de una reforma legislativa de esta figura para evitar manipulaciones.

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