El Juzgado de Menores número 1 de Málaga ha ordenado el internamiento preventivo en régimen cerrado durante seis meses del menor de 17 años detenido ayer por su supuesta implicación en la muerte de la niña de 13 años María Esther Jiménez Villegas, vecina suya en la localidad malagueña de Arriate.

Ese plazo de seis meses es el máximo que establece la ley, aunque podría prorrogarse por otros tres si se considera conveniente, según ha explicado la abogada de la familia de la víctima, Bárbara Royo, que espera que se pueda celebrar juicio en ese tiempo y que ha anunciado la personación como acusación particular en el caso.

Después de que las pruebas de ADN practicadas coincidieran con el chico, cuyo nombre corresponde a las iniciales R.V.R., los agentes hallaron ayer restos que podrían ser de sangre en una zapatilla deportiva suya durante el registro del domicilio familiar, restos que estarían quizás también en alguna ropa.

Según han informado fuentes cercanas al caso, ahora las fuerzas de seguridad tendrán que analizar esos restos para comprobar si son de sangre y, en su caso, a quién corresponden. El padre de María Esther, Juan Isidoro Jiménez, ha pedido, en declaraciones, que el pueblo de Arriate no responsabilice a la familia del menor porque no tiene culpa de lo que hizo el chico, que formaba parte del grupo de amigos de su hija.

Ha sabido que el abuelo del menor ha sufrido un infarto, ante lo que ha expresado al respecto que están con la familia. Jiménez, que ha acudido junto a su esposa, Carmen Villegas, a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga -donde había sido trasladado el menor tras su arresto-, ha explicado que se van a ir de Arriate en cuanto puedan.

Él ha perdido su trabajo en el pueblo, y la empresa le ha ofrecido otro en Paterna de Rivera (Cádiz), de donde es natural su esposa y donde fue enterrada María Esther, por lo que se van a ir allí.

La madre ha asegurado que en la población ya no tienen «nada», porque el cuerpo de la niña descansa en su pueblo, y que se les ha roto «la vida entera», al tiempo que ha comentado que la familia del menor puede estar tranquila porque no la van a molestar.

Juan Isidoro, que se ve tras la detención «un poco más aliviado y descansado», no conocía al menor y no sabe si habrá más arrestos. Confían en la justicia, a la que pide que siga su trabajo, pero se pregunta «cuánta gente tiene que morir para que cambien las leyes porque a cada instante están muriendo niños y niñas».

Respecto al hecho de que el detenido sea un menor, la madre dice que «parece que ellos tienen más derecho que nosotros» y cree que «después no se les puede pegar ni una torta a los hijos porque entonces perdemos nosotros y, a causa de eso, así están los niños».

En este sentido, señala que «si se le hubiera dado una torta a tiempo, no estarían así» y pide que el Gobierno haga algo «porque si fuera hijo de ellos seguro que se movían». Durante la permanencia de los padres ante la Comandancia, donde estaba el menor, varios ciudadanos que pasaban por la zona han proferido insultos contra el joven.

Por otro lado, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha manifestado en Málaga su rechazo a incrementar las penas a menores y aboga por prevenir delitos, la reeducación, la inversión en medios y las reforma del sistema de investigación penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Incrementar las penas se ha demostrado estadísticamente que no sirve para nada, sólo para frustrar proyectos de vida personal», según el portavoz del colectivo, José Luis Ramírez.

El cadáver de María Esther fue encontrado con un golpe en la cabeza el pasado 20 de enero en la caseta de una depuradora de la localidad y la autopsia confirmó que se produjo una muerte violenta.