Calafell y El Vendrell pondrán fin al 'top manta'

Los ayuntamientos de Calafell y El Vendrell (Tarragona) retirarán el 1 de septiembre el orden que da permiso a los 'manteros' para acampar y vender sus productos en determinadas zonas de ambos municipios, alejados del turismo, tras la polémica generada por esta medida en las últimas semanas. Así, el líder municipal del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha lamentado que el Código Penal "pactado por CiU y PSC" sea "permisivo y laxo" en la actuación contra los vendedores del 'top manta', al no haber incluido la pena de prisión --entre seis meses y dos años--, tal y como recogía el artículo 270 del texto anterior (2003).

Lo ha dicho el consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, tras reunirse este martes en la Consejería con alcaldes y concejales de municipios afectados, patronales y representantes de la Federació de Municipis de Cataluña (FMC) y la Associació Catalana de Municipis y Comarques (ACM). Saura también ha anunciado que el 1 de septiembre habrá un "refuerzo" policial de las áreas afectadas para imposibilitar el trabajo de los 'manteros'. También en esta fecha, la Confederación de Comerciantes de Cataluña retirará la denuncia que había presentado al respecto.

Además, el consejero de Interior ha anunciado que se pondrá en marcha una campaña para "concienciar a la gente de que no puede ir a comprar a los 'top manta'. Por otra parte, también se ha acordado crear una comisión de seguimiento sobre el asunto, integrada por las administraciones afectadas, aunque estará "abierta" al sector del comercio.

Saura ha recordado que todo lo relativo a la venta ambulante es de competencia municipal, aunque ha señalado que la Generalitat catalana se compromete a cooperar para evitar que los ayuntamientos digan que se encuentran solos y que no pueden afrontar la lacra de los 'manteros'. Ha añadido que el 'top manta' no es una problemática que sólo afecte a El Vendrell y Calafell.

Satisfacción de los comerciantes

Desde la Confederación del Comercio de Cataluña, Miguel ngel Linares ha asegurado que lo que no puede ser es que el 'top manta' se haya consagrado como una "de las primeras compañías" de Cataluña, lamentando el fraude y la explotación de inmigrantes que conlleva.

Linares ha expresado su confianza de que en los próximos días empiecen a haber resultados positivos de los acuerdos adoptados, y ha destacado la importancia que tendrá la campaña anunciada por Saura para concienciar a la población de los efectos perjudiciales que tiene ir a comprar a los 'manteros'.

Ha celebrado que se ponga fin a los acuerdos de ayuntamientos con manteros. "Llegar a pactos tácitos o implícitos se ha acabado, es importante porque no se puede tolerar una situación alegal", ha dicho.

Desde la patronal Pimec, Alejandro Goñi ha recordado que estaban absolutamente en desacuerdo de que se creasen "zonas francas donde pudiera hacerse cualquier ilegalidad", y ha instado a trabajar para evitar que la venta ambulante siga siendo una actividad tan fácil como en la actualidad.

Pegas del nuevo código penal

Por su parte, Fernández Díaz ha criticado que algunos partidos se quejen de la proliferación del 'top manta' cuando ellos mismos pactaron el nuevo Código Penal, que, a su juicio, ya ha demostrado su ineficacia para combatir esta problemática antes incluso de ser aplicado. Por eso ha reclamado que se endurezca, y también que se incluya la prohibición de esta práctica en las ordenanzas municipales, ha informado un comunicado del PP.

Ha considerado que la reunión convocada este miércoles por el conseller de Interior, Joan Saura, para tratar el problema llega tarde, porque se tendría que haber celebrado a principio de la temporada estival pues ya "ha causado un daño irreparable al comercio de costa".

Combatir el 'top manta'

Mientras tanto, el secretario general de la Confederación Española de Comercio (CEC), Miguel ngel Fraile, afirmó que el 'top manta' es una red estructurada cuyas cifras de facturación y trabajadores la sitúan "entre las 50 primeras empresas del país", por lo que defendió que combatir esta actividad debe ser una "lucha nacional".

"El comercio soporta la competencia desleal de la empresa Top Manta Sociedad Anónima, que tiene una facturación de entre 500 y 800 millones de euros al año y 15.000 empleados ilegales o más, sin pagar impuestos ni Seguridad Social", advirtió Fraile.

En su opinión, el denominado 'top manta' es un "gran negocio que tiene ramificaciones en todo el mundo delictivo", por lo que los ministerios de Interior y de Economía y Hacienda, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos deben combatir este fenómeno. "Cada administración es responsable de lo que le toca", remarcó.

Además, el secretario general de la CEC advirtió de que se están comercializando productos falsificados "que no tienen etiquetas, ni garantías y que pueden ser perjudiciales para la salud", como en el caso de las gafas de sol y de determinados tejidos.

Fraile afirmó que la patronal del pequeño y mediano comercio español actuará ante "cualquier tolerancia o inhibición" de las administraciones hacia el 'top manta', "acudiendo a donde tenga que acudir".

Traslado a la patronal europea

Asimismo, el presidente de la patronal catalana Pimec Comer, Alejando Goñi, ha anunciado que trasladará el problema generado por los manteros a la patronal europea de las pymes, Ueapme, para que haga un análisis del alcance de la problemática, según ha informado en un comunicado. El objetivo es que la patronal europea haga las recomendaciones necesarias a las diferentes administraciones de gobierno para poner en marcha medidas que minimicen el problema.

Goñi ha asistido este martes a la reunión convocada por el conseller de Interior, Joan Saura, para tratar el fenómeno de los manteros y ha valorado positivamente el encuentro. Entre los acuerdos destaca el dejar sin efecto las zonas de tolerancia al 'top manta' habilitadas en los municipios de El Vendrell y Calafell a partir del día 1 de septiembre.

También se ha acordado crear una comisión interdepartamental para coordinar las acciones que garanticen la legalidad vigente e impidan la venta ilegal y poner en marcha una campaña de sensibilización para concienciar al consumidor de los efectos negativos de este tipo de compra.