Bruselas denuncia la pasividad de España con la financiación terrorista

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por su pasividad en la lucha contra la financiación del terrorismo. Este organismo, que ha presentado una demanda doble, asegura que el Gobierno no ha hecho nada por transponer a su legislación las dos principales directivas de la UE dirigidas a bloquear los fondos de organizaciones armadas y que autorizan a reclamar información a cualquier entidad sobre personas jurídicas o físicas que realicen movimientos económicos sospechosos. Estas normas fueron aprobadas en octubre de 2005.

Según la base de datos del Tribunal de Luxemburgo, solo España ha sido denunciada por su negativa a incorporar a su legislación el eje central de la normativa europea antiterrorista: la directiva 2005/60/CE del Parlamento y del Consejo "relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo". Los comisionados europeos recuerdan que el plazo para adaptar el derecho interno a estas instrucciones expiró el 1 de diciembre de 2007.

La Comisión Europea llevó esos incumplimientos ante el tribunal el 20 de noviembre, y ese mismo día también denunció que no ha transpuesto otra directiva sobre lucha contra blanqueo (la 2006/70/CE), que debía desarrollar la normativa contra las cuentas de los terroristas y que tenía que haber sido introducida en el derecho español antes del 15 de diciembre de 2007. Las dos denuncias han tenido preaviso.

Economía, responsable de no haber actualizado la legislación, reconoce los retrasos. Portavoces del Departamento aseguraron que el Tesoro llevaba meses trabajando en esta normativa, pero que los técnicos debieron aparcar los proyectos porque la "prioridad absoluta" eran las medidas para hacer frente a la crisis. Explicaron que en 2008 "gran parte del trabajo interno" ya estaba terminado, por lo que esperan presentar en "breve" las modificaciones al Consejo de Ministros.

Los retrasos de España, según fuentes de la UE, han provocado problemas para los órganos de control europeos que supervisan los movimientos económicos extraños de presuntos terroristas, en particular a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La directiva que sigue en el limbo jurídico en España es la que endurece el control y obliga a informar sobre movimientos de supuestos terroristas a entidades de crédito y financieras, auditores, notarios, casinos y agentes de la propiedad inmobiliaria, entre otros. Esta normativa, además, es la que autoriza el seguimiento de personas jurídicas o físicas que realicen pagos por importes superiores a 15.000 euros. Desde España, recuerdan en Bruselas, no llega información con regularidad, y cuando llega es difícil de analizar porque, al carecer de la legislación impuesta por Europa, no se han homogenizado las bases de datos ni la metodología.

Además, la legislación que España usa para luchar contra el blanqueo de capitales de origen o destino terrorista es muy atrasada, data de 1993 y 1995, y se ha quedado obsoleta, según ha subrayado el propio Banco de España. La denuncia es solo el último capítulo de quejas en este tipo de control.