La dirección nacional del PP defiende, hoy por hoy, a Francisco Camps, acosado por su supuesta relación con la trama Gürtel, pero también ultima un plan B por si el presidente de la Comunidad Valenciana resulta finalmente imputado. Altos dirigentes populares han comunicado a Rita Barberá que, sin Camps, ella es la única opción capaz de garantizar el éxito electoral para el PP en los comicios autonómicos del año que viene. A la alcaldesa de Valencia, sin embargo, le incomoda la propuesta. Considera colmadas sus aspiraciones políticas.

El Tribunal Supremo decidirá el próximo día 12 si ordena al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (Tsjpv) que reabra el sumario para esclarecer si Camps recibió regalos -además de los conocidos trajes- de algunos de los imputados en el caso Gürtel. Si se consuma la imputación, el PP aceleraría la operación para relevar a Camps. Barberá se reunió el martes en la sede de calle de Génova con Ana Mato, vicesecretaria de Organización y Electoral, y con Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, pero la cuestión de su paso a la política regional lleva varias semanas macerándose, aunque aún está en fase embrionaria.

El partido está en una encrucijada. Su decidida apuesta por erradicar la corrupción de sus filas ha sentado precedentes de gran calado. Si el Tsjpv pone en su punto de mira a Camps, la lógica obligaría a Rajoy a actuar de la misma manera que en los casos de Luis Bárcenas, Jesús Merino o Jaume Matas, es decir, que sin exabruptos ni escarnios públicos, pero con determinación, convencería a Camps para que pidiera la baja temporal de militancia e, incluso, que dimitiera como presidente regional.

El PP tendría dificultades para defender por qué presenta a las elecciones de 2011 a un candidato inmerso en un proceso judicial por presunta corrupción, entre otras cuestiones porque sería un hecho sin paragón en la historia de la democracia española.

Cierre de filas

"No es lo mismo que te acusen de haber recibido unos trajes de regalo que de haberte llevado dinero", comentó Alfonso Rus, presidente del PP de Valencia, el pasado jueves. "Además, que en Valencia nadie se cree que Paco -por Francisco Camps- haya podido hacer algo malo, porque allí lo conocemos todos", remachó Rus.

Al cierre de filas en torno a Camps se le abren grietas, sobre todo en las provincias de Alicante y Castellón, donde algunos alcaldes y dirigentes provinciales se muestran convencidos de que "el PP tiene mucho y buen banquillo en Valencia". Recuerdan, por ejemplo, que la marcha de Eduardo Zaplana, que algunos vaticinaron como catástrofe para sus filas, se superó con total normalidad.

En algunas quinielas sucesorias también se menciona a Alberto Fabra, alcalde de Castellón, e, incluso, a Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP. "Son dos activos del partido, pero para esto no", responde un dirigente nacional cuando se le comenta la posibilidad de que el PP haya planteado sus nombres como posibles sustitutos de Camps. En Génova insisten: esta ecuación solo tiene una solución posible, Rita Barberá.

La inquietud se ha instalado en el seno del PP valenciano. A Francisco Camps le ha cambiado el carácter a causa de la presión del Gürtel. Se ha vuelto más reservado, guarda con celo su agenda, evita en la medida de lo posible los actos multitudinarios y ha reducido las ruedas de prensa. Lo que no contempla es la posibilidad de dimitir, ni siquiera en el supuesto de que lo imputen. Una rotundidad que complica, más si cabe, la tarea de la dirección nacional.

Esta misma semana quedó en evidencia que la orquesta de Camps comienza a desafinar. El consejero de Ciudadanía del Gobierno valenciano, Rafael Blasco, declaró en un programa de la televisión valenciana que tal vez deberían "haber pedido disculpas por algunos erros que se han cometido". Horas más tarde, y tras hablar con Camps, rectificó y negó la necesidad de dar excusas por un asunto que no cuenta con imputados del PP valenciano.