Baltasar Garzón, al banquillo de los acusados

El Tribunal Supremo decretó ayer la apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón por abrir una causa penal contra el franquismo. El magistrado Luciano Varela consideró que el juez prevaricó en su investigación y defendió los argumentos de la única acusación en el proceso, el sindicato ultraderechista Manos Limpias, para sentarle en el banquillo, en el que Garzón se enfrenta a una petición de condena de 20 años de inhabilitación. Su enjuiciamiento provocó la rápida reacción del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales conservadores forzaron la convocatoria para mañana de un pleno para suspenderle. Una maniobra que impedirá que Garzón se vaya al Tribunal Penal Internacional en condición de magistrado, como había solicitado.

La decisión de Varela de juzgar a Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo sin tener competencias para ello se produjo apenas un día después de que el juez solicitara su marcha al Tribunal de La Haya. Garzón aceptó el cargo como asesor externo de la Fiscalía por un periodo de siete meses. Para ello pidió al Consejo que tramitara su traslado en situación de servicios especiales, una suerte de excedencia que le hubiera mantenido su puesto en la Audiencia Nacional cuando regresase.

Garzón quería irse para evitar pasar por el mal trago de la suspensión en caso de que el Supremo le llevase a juicio, como ha ocurrido. La petición parecía del agrado del Consejo, ya que de un plumazo se quitaba de encima un asunto espinoso y proclive a la división interna de la institución; y también del juez, cuyo entorno le veía "encantado" con la idea de marcharse junto a Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de ese tribunal, con el que mantiene una relación de amistad.

Así las cosas, cuando todo parecía encauzado, emergió el magistrado Varela, quien en apenas un día resolvió todos los flecos procesales que aún quedaban en la causa del franquismo, un recurso de Garzón y dos de Falange Española a raíz de su expulsión del proceso, y decretó la apertura de juicio oral contra Garzón.

En un escueto auto, el magistrado Varela criticó la posición de la Fiscalía, que pidió el archivo de las actuaciones, y defendió la legitimidad de que una única acusación popular, Manos Limpias, aunque comparte acusación con la asociación conservadora Libertad e Identidad, pueda llevar al banquillo a un magistrado. A partir de ahora, el abogado de Garzón y la Fiscalía tendrán que presentar sus escritos de defensa, un paso previo a la admisión de pruebas y el señalamiento del juicio, que podría celebrarse antes de agosto, según el alto tribunal.

Artimañas

La decisión de abrir juicio a Garzón tuvo una consecuencia inmediata en el Consejo General del Poder Judicial. Nada más conocer la noticia, el sector conservador del gobierno de los jueces movió ficha. Maniobró para que Garzón fuera suspendido cuanto antes, según establece la ley si un juez se sienta en el banquillo de los acusados. Siete vocales conservadores -Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández, Gemma Gallego y Antonio Monserrat- pidieron la celebración de un pleno extraordinario para apartar a Garzón de la carrera hasta que el Supremo le juzgue y emita una sentencia.

La Comisión Permanente del Consejo aceptó la convocatoria del pleno extraordinario para mañana, donde se procederá la suspensión de Garzón. Si se certifica, la solicitud del juez para irse a La Haya sería rechazada, ya que a un juez apartado de sus funciones no se le puede conceder un traslado por servicios especiales.

Pese a todo, la Comisión Permanente decidió dar traslado a la petición de Garzón. A tal fin, pidió informes a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y al Ministerio de Exteriores para conocer la fórmula de colaboración que plantea el juez y si el cargo es compatible con la condición de magistrado. La documentación tendría que ser revisada el martes y Garzón podría ser suspendido mañana. La única posibilidad que tiene ahora es irse a la La Haya a título personal.