La Corte de magistrados de Westminster autorizó la extradición del presunto etarra Eneko Gogeaskoetxea desde el Reino Unido a España, donde está acusado de quince delitos de terrorismo.

La defensa del acusado, de 44 años, anunció que apelará este dictamen, para lo que tiene siete días.

La jueza Daphne Wickham leyó sus argumentos en presencia de Gogeaskoetxea durante una audiencia de menos de una hora, al término de la cual autorizó la extradición al considerar que el presunto etarra tendrá un juicio justo en España.

La magistrada concluyó que los derechos del detenido serán respetados en el Estado español, en contra de lo mantenido por su defensa, que puso en duda que vaya a tener un proceso justo en ese país.

Eneko Gogeaskoetxea permanecerá en la prisión londinense de Belmarsh hasta que se tramite su recurso. El presunto etarra fue detenido el pasado 7 de julio en la ciudad inglesa de Cambridge, donde vivía desde hacía al menos cuatro años, bajo una identidad falsa, con su mujer y sus hijos.

Está acusado de matar a un agente de la Policía vasca el 13 de octubre de 1997, cuando supuestamente preparaba un atentado contra el rey Juan Carlos junto a su primo Kepa Arronategui que debía producirse cinco días más tarde, durante la inauguración del museo Guggenheim de Bilbao.

Por el delito de intento de asesinato del rey, no obstante, Gogeaskoetxea no podrá ser juzgado en España, al estimar la jueza británica que el cargo se retiró en el caso de su primo, quien fue detenido en 1997 y cumple condena en ese país.

Durante el juicio celebrado en diciembre en Londres, la defensa del presunto etarra denunció fallos en la formulación de las órdenes europeas de arresto emitidas por el Estado español y aseguró que las pruebas no se sustentan.

La defensa argumentó, además, que las pruebas contra Gogeaskoetxea se basaban en un testimonio logrado en una confesión forzada de Arronategui -condenado a quince años de cárcel- cuando estaba incomunicado.

Hoy, la jueza rechazó que, como alegaba la defensa, haya riesgo de incumplimiento por parte de España de la cláusula de especialidad, que obliga al país que solicita la extradición a juzgar al acusado solo por los delitos descritos en las órdenes de arresto.

En cuanto a la confesión forzosa de Arronategui, señaló que no le corresponde examinar ese tipo de pruebas.