La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha decidido archivar el caso del presunto espionaje a políticos en Madrid.

Varios funcionarios y asesores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior figuraban como imputados por un delito de malversación de fondos en relación con los presuntos seguimientos a políticos madrileños, como el vicealcalde del Ayuntamiento, Manuel Cobo y el ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada. La magistrada Carmen Valcarce ha sido la instructora de este caso y la que ha llamado a declarar a los imputados, entre los que figuraban el ex director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón y el funcionario José Manuel Pinto.

El origen del caso está en la publicación por el diario El País, a comienzos de 2009 de que algunos políticos madrileños habían sido seguidos por ex policías y ex guardias civiles realizaron trabajos de inteligencia e información para el actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

El caso llegó a los tribunales y a la Asamblea de Madrid, donde se creó una comisión de investigación que cerró sus trabajos anticipadamente.

Granados: "Cobo debería pedir perdón"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha expresado este jueves su "absoluta satisfacción" por el archivo del 'caso del Espionaje' y ha manifestado que el vicealcalde de Madrid, Madrid Cobo, debería empezar por pedir perdón a los funcionarios acusados "injustamente y maltratados", así como a los madrileños por "hacer creer que el Gobierno utilizó medios para espias".

En una multitudinaria rueda de prensa, el secretario general del PP de Madrid ha celebrado que la Justicia haya dado la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid después de un año y medio en el que se ha intentado "perjudicar" y "desgastar" al Ejecutivo madrileño y, sobre todo, a su presidenta, Esperanza Aguirre.

La juez Carmen Valcarce ha acordado en un auto dictado este jueves el sobreseimiento provisional y archivo del caso al no acreditarse que ninguno de los imputados destinaron los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "de forma principal a actividades ajenas a la función pública", así como que no concurren "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación de fondos públicos.

Por el juzgado de instrucción número 5 de Madrid desfilaron los imputados, algunos de los cuales negaron haber espiado a políticos y explicaron que las coincidencias que reflejaban los partes policiales entre su posición y las de los supuestamente espiados obedecían a que custodiaban edificios oficiales en esa zona.

El funcionario José Manuel Pinto negó ser el autor de presuntos partes de seguimiento y Sergio Gamón también negó cualquier vinculación con el caso, que ahora ha sido cerrado por la juez.