La Fiscalía de Ciudad Real, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación contra varios representantes del PP de Ciudad Real por la compra de viviendas tras declararlas protegidas. Entre los investigados están la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero; la diputada nacional Carmen Quintanilla; el ex alcalde, Francisco Gil-Ortega y el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor.

Esta actuación de la Justicia obedece a la denuncia que el PSOE de Ciudad Real presentó ante la Fiscalía Anticorrupción durante la campaña electoral previa a los comicios municipales de 2007. Según esta denuncia, el Ayuntamiento de Ciudad Real modificó en 1999 el uso de unos céntricos terrenos municipales para construir años después sobre ellos un bloque de 150 viviendas a precio tasado, bloque conocido más tarde como 'El Quesito' por su diseño, cuyos pisos se vendieron a 840 euros el metro cuadrado, por debajo del precio medio de mercado en esta capital.

Algunos de los compradores de estos pisos, construidos y entregados en la anterior legislatura con Gil-Ortega como primer edil y Rosa Romero como concejala, fueron los actuales altos cargos y ex altos cargos del PP investigados así como una sobrina del ex alcalde, el padre de Rosa Romero y dos hijos del entonces concejal de Urbanismo. Según destaca la Fiscalía en su escrito, no se vigiló quiénes fueron los beneficiarios con la compra de estas viviendas.

El PP de Ciudad Real y la alcaldesa siempre han tachado de "falsa y parcial" la denuncia de los socialistas en torno a este asunto argumentando que los pisos se vendieron a través de una caseta de información que estaba en la calle abierta a todos los vecinos. La Fiscalía de la Audiencia de Ciudad Real investigará ahora si aquella compra de pisos fue legal y transparente.