Apuntan a los consejeros de Camps

El caso Gürtel en Valencia se va a complicar en breve, mucho más allá de los famosos trajes. La Fiscalía Anticorrupción ya anuncia que pedirá a la justicia madrileña que se inhiba en favor de la valenciana en una parte del sumario si, tal y como sospecha, entre los altos cargos que adjudicaron contratos a las empresas de Francisco Correa hay aforados del Gobierno de Francisco Camps. El Ministerio Público ha hecho pública su decisión en el documento en el que impugna el escrito del PP, que se oponía a que el juez instructor del sumario, Antonio Pedreira, reclamara a la Abogacía de la Generalitat los nombres de los responsables de los 17 departamentos del Gobierno autónomo (incluidos la Presidencia, Vicepresidencia y siete consejerías) que entre 2004 y 2009 firmaron 85 contratos públicos con las mercantiles del caso Gürtel, la mayoría con Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, 'el Bigotes'.

En un escrito fechado el pasado 11 de mayo, Anticorrupción explica al PP que el objetivo de la investigación es Orange Market y el resto de empresas de Correa que operaron en Valencia y que, según el informe del 13 de abril de la Intervención General del Estado, se hicieron con cerca de 7,2 millones en adjudicaciones públicas. "Ello sin perjuicio de que, si del resultado de esas diligencias se deriva que algunas de las personas que hubieran ser objeto de investigación están sujetas a un concreto régimen de aforamiento, procediera la inhibición al tribunal correspondiente", en este caso el superior de Valencia, según señala la Fiscalía.

Casi todas las consejerías

A pesar de las cautelas, Anticorrupción no oculta su convicción de que, visto el informe de la Intervención General, "prácticamente todas las consejerías" del Gobierno valenciano, acusadas de "adjudicación irregular", "necesariamente habrán de verse afectadas por la investigación". Las fiscales del caso, por el momento, dicen estar a la espera de que la Generalitat y sus servicios jurídicos les comuniquen oficialmente "la identidad de aquellas personas que, en su condición de autoridades o funcionarios públicos, participaron en la adjudicación de los contratos calificados de irregulares por la Intervención, sean todos o parte del Gobierno". Pedreira requirió oficialmente esa información al Ejecutivo de Camps el 29 de abril.

El polémico informe de la Intervención que sirve de base al Ministerio Público asegura que 14 de los 85 contratos localizados fueron a todas luces irregulares, y que la inmensa mayoría de los expedientes -76- fueron tramitados como "contratos menores", soslayando así el concurso público. Según la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, este documento pone de manifiesto "la relevancia penal de las irregularidades" que supuestamente se cometieron en Valencia.

En este punto, el Ministerio Público reprocha al PP que califique de "mera irregularidad administrativa la práctica reiterada en diversos ejercicios y consejerías de un amplísimo elenco de irregularidades en materia de contratación pública, fraccionamiento de contratos, duplicidad en la facturación, adopción de criterios subjetivos..."

Anticorrupción, que califica la posición del PP en este caso de "sorprendente", habida cuenta de que parece actuar a favor de los imputados cuando es acusación, recuerda a la formación que la investigación, por el momento, ya ha constatado que las empresas de la trama recibieron un "especial trato" de las administraciones e insiste en que la Intervención del Estado ha manifestado "la continua vulneración" de la "publicidad y concurrencia" en la contratación de las firmas vinculadas a Correa.

La Fiscalía también deja claro que no ha olvidado el tema de los trajes y los regalos. "Otro hecho que ha de ser resaltado es la constancia en autos de documentación referida a posibles pagos y regalos, por parte de los imputados, a personas que ocuparon cargos" con las que contrataron "y que inducen a cuestionar la causa y motivación de algunas de las irregularidades descritas".