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MADRID

Aguirre pide a la Fiscalía que investigue si su vicepresidente ha sido espiado

La Fiscalía investigará un supuesto seguimiento y espionaje de altos cargos del Gobierno regional si recibe una denuncia al respecto, como ha anunciado la presidenta Esperanza Aguirre, aunque por ahora no ve indicios de delito.

Esperanza Aguirre quiere que la Fiscalía investigue si el vicepresidente Ignacio González ha sido espiado, tal y como afirma en su edición de este martes el diario El País. A tal fin, la Comunidad de Madrid presentó, a última hora de la tarde de este martes, sendas denuncias en el juzgado y la Fiscalía para esclarecer "si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones o espionajes nada menos que al vicepresidente de la Comunidad", según explicó la presidenta.

Aguirre dijo que su gobierno no pretende averiguar la veracidad de la información mencionada y prefiere que lo haga, cuanto antes, "la Policía por orden de los jueces, los jueces y la Fiscalía".

El PP respalda esta iniciativa de la presidenta autonómica y la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que la investigación policial le parece "lo mejor". En rueda de prensa en el Congreso, la parlamentaria pidió "que lo investiguen a fondo" y "hasta el final". "Si de los hechos se demuestra que hay delito me gustaría que la Fiscalía actuara", añadió, y apuntó que la posibilidad de que el vicepresidente madrileño haya sido espiado es "preocupante".

En principio y, antes de recibir la denuncia, la Fiscalía no encontraba motivos para actuar. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, señaló este martes por la mañana que no veía "indicios suficientes para abrir una investigación de oficio", informa Alfonso Torices. En términos jurídicos, los datos que evalúa la Fiscalía de la información publicada son las dos grabaciones realizadas a un cargo público, lo que no constituye una actividad delictiva.

Aguirre niega toda relación entre el supuesto seguimiento a Ignacio González y las informaciones que acusaban a su consejero de la Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, de utilizar a su servicio de seguridad para obtener informes sobre casos de corrupción.

En el seno del PP, los dirigentes nacionales siguen perplejos el descubrimiento de dosieres que incluyen fotografías y datos del vicepresidente de Madrid, así como detalles de sus movimientos, gastos y viajes. "No tenemos ni idea", aseguraba este miércoles un miembro del Comité Ejecutivo. Como él, otros dirigentes sospechan que existe alguna relación entre estas informaciones y la guerra sin cuartel que libran en Caja Madrid partidarios y detractores de Miguel Blesa y que enfrenta abiertamente a Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón desde hace meses.

Cajas de ahorros

Mariano Rajoy dio instrucciones a su equipo para salir al paso de la bronca interna con iniciativas que propicien una progresiva despolitización de las cajas de ahorros. En el Grupo Popular del Congreso, se constituirá un equipo de trabajo para preparar la reforma legislativa que limite la presencia de autonomías y ayuntamientos en los órganos de gobierno de estas entidades crediticias, según informó Sáenz de Santamaría.

Aunque la secretaria general, Dolores Cospedal, había anunciado el lunes que se propondría la reducción hasta el 50% de los organismos públicos en los órganos de gestión de las cajas, Sáenz de Santamaría reconoció que esta reforma ya se hizo en el año 2002.

"Lo hicimos en el Gobierno", apuntó, "y ahora vamos a seguir trabajando desde la oposición por la despolitización". Dijo que la pretensión de su grupo es recortar por debajo del 50% el total de representantes públicos en las cajas pero explicó que la cifra exacta está todavía por determinar en la mencionada comisión de trabajo que integrará el equipo económico parlamentario. Mencionó como referencia sendos informes del Fondo Monetario Internacional y la OCDE que recomiendan una progresiva despolitización de estas entidades financieras, así como una mayor supervisión por parte del Banco de España. La intención del PP es - tal y como explicó Sáenz de Santamaría- abrir el espacio de los órganos rectores de las cajas "a los impositores y la sociedad civil" para que tengan una mayor participación en entidades que tienen un eminente carácter social.

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