La Audiencia Nacional ha apartado del juicio que se celebra a 22 miembros de la asamblea de electos de Batasuna, Udalbiltza-Kursaal, a la acusada Miren Campos, a la que ha absuelto al entender que ya ha sido juzgada y cumple condena por el delito de integración en ETA del que venía siendo acusada.

De esta forma, el tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha accedido a la cuestión previa planteada por la defensa de Campos, que reclamó que su cliente fuera apartada del proceso porque se la acusaba de un delito de pertenencia a banda armada por el que ya ha sido juzgada y condenada en el "macrosumario" 18/98 contra organizaciones del entorno de ETA.

La sala ha acordado de viva voz declarar "cosa juzgada" respecto a Miren Campos en este juicio y el presidente del tribunal ha anunciado que "será absuelta de los cargos" que se la imputaban.

Sin embargo, la cuestión previa planteada en el mismo sentido por la defensa del acusado Xabier Alegría, condenado también en el 18/98 por integración en organización terrorista, no ha sido estimada por el tribunal, que ha considerado que al estar acusado también en este juicio de un delito de malversación de fondos públicos, es "difícil separar una actividad de otra" y "no le causa perjuicio".

La decisión adoptada por la sala ha contado con el visto bueno del fiscal Juan Moral, que ha explicado que "por razones de economía procesal" debía admitirse la cuestión previa respecto de Campos, pero no así con Alegría, para el que pide cinco años de cárcel por el delito de malversación de fondos públicos.

El fiscal pide diez años de prisión por pertenencia a ETA para los 21 procesados, y otros cinco años de cárcel por el de malversación para Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa Xabier Iragorri, además de para Alegría.

El Ministerio Público considera en su escrito de conclusiones provisionales que la citada organización era "una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA a través de EKIN (su aparato político)" y de la ilegalizada Batasuna.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que se decrete la clausura definitiva de las entidades Udalbiltza-Kursaal, Udalbiltza Partzuergoa y Euskal Garapen Eta Cohesio Fondoa, "sus locales y establecimientos, la disolución de las mismas, y la prohibición de realizar actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase que fueren".