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La ministra de Igualdad "lamenta" la resolución del TS sobre el sí es sí y pide centrarse en las otras medidas de la norma
La ministra de Igualdad, Irene Montero, tildó hoy de «mala noticia» los fallos del Tribunal Supremo que avalan, mayoritariamente, las rebajas de condenas a agresores sexuales como consecuencia de la ley del 'sólo sí es sí'. «El Supremo rechaza el criterio unánime de la Fiscalía respecto a la vigencia del derecho transitorio. Es una mala noticia», escribió la número dos de Podemos en su perfil de Twitter.
Montero, que al inicio de la controversia generada por el goteo de rebajas de penas acusó a los jueces de «machistas» y les recriminó aplicar la norma de forma incorrecta, evitó ayer arremeter contra los magistrados del Supremo y se limitó a pedir centrar ahora los esfuerzos en «acelerar la puesta en marcha de todas las medidas» que contempla la norma para «proteger a las mujeres víctimas de violencias sexuales». Es decir, la dirigente morada solicita primar la «especialización judicial, la asistencia jurídica gratuita, los centros de crisis, las psicólogas y los abogadas» sin necesidad de una denuncia.
Desde la izquierda también se aludió al fallo del TS. Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2018, sostiene que la decisión del Supremo es «mala para las víctimas y excelente para la derecha y los machistas». También lo hicieron desde el Partido Popular. «El daño ya está hecho», escribió en un mensaje en Twitter la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. «Todo el Consejo de Ministros apoyó y elogió esta chapuza de ley. Y lejos de dimitir nadie, siguen peleándose entre ellos para ver quién continúa en el sillón», añadía la dirigente popular.
El exportavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, también salía al paso para decir que la decisión del Alto Tribunal supone «un gran varapalo» al Gobierno que preside Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo y el resto de miembros de la dirección nacional del PP, por su parte, no hicieron manifestaciones al respecto -a pesar de que cuando empezaron a producirse las rebajas de pena criticaron con dureza al ejecutivo-.
Tampoco las realizaron desde el PSOE. La polémica con esta norma generó un verdadero cisma en el seno del Gobierno de coalición y los socialistas se vieron obligados a reformar la ley -se introdujo un subtipo para diferenciar entre agresión con violencia e intimidación o sin ella-.
