La Ley de Vivienda ¿protege al inquilino o ampara la okupación ilegal?

El Congreso ha aprobado la nueva normativa que pone tope a los alquileres y ralentiza los desahucios pero ha puesto la okupación ilegal en el punto de mira de los partidos y los ciudadanos.

¿Okupas en mi segunda residencia?
La Ley de Vivienda ralentiza los desalojos
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La nueva Ley de Vivienda que ha aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados pondrá tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas. Esta norma se ha convertido en uno de los puntos clave de la precampaña electoral y es una de las grandes apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez. 

La norma se ha aprobado con el apoyo del PSOE, UP, ERC, Bildu Más País y Compromís y la abstención de PNV y BNG. Por su parte, PP, Vox, Cs, Junts, Coalición Canaria y PDeCAT votarán no.  Una vez pasado el trámite en el Congreso la norma pasará al Senado para volver a ser ratificada, esta vez de forma definitiva en el Congreso este mes de mayo.

Tanto PP como Ciudadanos y Vox apoyan su 'no' a la Ley de Vivienda en que alarga los plazos para desalojar los pisos 'okupados'. El PP, Cs y Vox consideran que la norma es parcialmente inconstitucional porque, a su juicio, vulnera el derecho a la propiedad privada y ampara la 'okupación' de pisos.

La norma ralentiza los desahucios

La norma endurece la legislación sobre los desahucios e introduce nuevas prórrogas a los procedimientos de lanzamiento. Se pone fin a los desahucios sin fecha y hora predeterminada. Los juzgados deberán solicitar a los servicios sociales un informe para acreditar si es una persona vulnerable antes de autorizar el desalojo de una vivienda y en caso afirmativo, se suspenderá el desahucio hasta que la Administración encuentre una alternativa habitacional por un periodo de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro si es jurídica.

El Gobierno asegura protege a los inquilinos y abarata los alquileres

Por su parte el Gobierno y los partidos que apoyan esta normativa aseguran que pondrá límite a los alquileres e incrementará la oferta en los municipios con más demanda de vivienda así como en las áreas tensionadas. Además, aseguran que protege a los inquilinos y los pequeños propietarios frente a "los grandes tenedores y los fondos de inversión". Ya que se pone tope al alquiler: un 2% para este 2023, 3% y en 2025 se aplicaría un índice nuevo basado en el IPC. 

Otras claves de la Ley de Vivienda

Se rebaja la consideración de grandes tenedores a los propietarios de 10 a 5 inmuebles en las zonas tensionadas. Serán las comunidades autónomas, en función de sus competencias y dependiendo de sus realidades, las que determinarán esta condición.

Otra de las novedades es que los gastos del alquiler de un inmueble correrán a cargo del propietario. El servicio inmobiliario deberá abonarlo el propietario. Además, se elimina el IPC como referencia para actualizar los contratos porque la inflación "ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes". De esta forma en 2023 el límite será del 2% en vigor, y en 2024 el índice será de 3% y a partir de ahí se volverá a negociar con un nuevo cálculo.

Serán regulados y topados todos los alquileres en áreas tensionadas "en todos los casos". Esto será efectivo tanto para grandes como pequeños propietarios, así como para contratos de inmuebles que ya estén en el mercado de alquiler y para nuevos contratos. 

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