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El Gobierno aprueba este martes destinar 50.000 casas de la Sareb a alquiler asequible.
El Gobierno aprobará este martes su plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible, de las que 35.000 ya están identificadas y otras 15.000 se construirán en suelo cedido por esa sociedad pública.
Este plan, que anunció el pasado fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electoral en Valencia, forma parte del compromiso del Ejecutivo de impulsar 100.000 viviendas en arrendamiento a precio asequible.
Unidas Podemos lleva demandando al PSOE desde el principio de la legislatura que todas las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se incluyan en un parque público de alquiler y, aunque intentó negociarlo dentro de la ley de vivienda los socialistas nunca lo aceptaron.
Su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, considera que el plan "responde perfectamente" a su reclamación y que le da igual que su anuncio en un mitin de Pedro Sánchez obedezca a un interés electoralista u a otro motivo.
Por su parte, los socialistas siempre han apostado por la construcción de un parque público de alquiler mediante fórmulas de colaboración público-privada para incrementar la oferta.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abogado en las últimas horas por "reconstituir" el parque de viviendas publicas que fue "desmantelado por los gobiernos anteriores".
La Sareb, creada hace once años para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis financiera de 2008, está controlada por el Estado desde el año pasado.
En la actualidad tiene cedidas unas 2.700 viviendas a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a pesar de que la bolsa de pisos reservados para este fin asciende a 15.000 unidades y Sánchez quiere elevar la cifra a unas 21.000 viviendas.
El plan que aprobará mañana el Consejo de Ministros incluye (dentro de las 35.000 casas ya identificadas) 14.000 pisos ya ocupados en los que se ofrecerá un alquiler social a las familias para evitar desalojos y otras 21.000 unidades que se pondrán a disposición de municipios y comunidades autónomas.
