El mapa de las 300 reducciones de pena: Andalucía, Valencia y País Vasco, a la cabeza
Más de trescientas revisiones han derivado hasta ahora en rebajas de condena para los delincuentes, aunque la cifra puede ser más elevada debido a que no todas las secciones penales comunican sus decisiones.
No cesa el goteo de reducciones de pena por la aplicación de la ley integral de libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'. Los tribunales de todo el país revisan desde octubre, cuando se aprobó la norma, las sentencias de cientos de delitos sexuales. Más de trescientas revisiones han derivado hasta ahora en rebajas de condena para los delincuentes, aunque la cifra puede ser más elevada debido a que no todas las secciones penales comunican sus decisiones. Muchas otras sentencias están aún pendientes de revisión, de modo que la cifra seguirá aumentando. Al menos una veintena de estas atenuaciones han supuesto la excarcelación de los presos por haber cumplido ya su nueva pena. Otras cientos de condenas, en cambio, han sido confirmadas.
Andalucía, Ceuta y Melilla comparten tribunal superior de justicia. La comunidad andaluza, la más poblada del país, y las dos ciudades autónomas suman al menos 64 reducciones de condena. Es el dato más abultado, al que le siguen la Comunidad Valenciana (46) y País Vasco (otras 46). En la Comunidad de Madrid se han notificado 42 rebajas de pena y en Galicia, 32. En Baleares constan 18 revisiones a la baja y en Canarias, 14, mientras que en Asturias se han producido 13 reducciones y en Cataluña, 11. La cifra en el resto de comunidades autónomas baja de la decena, pero en todas ha habido al menos una reducción de condena por la aplicación de la nueva ley. A estos números hay que añadir las seis rebajas de pena comunicadas por el Tribunal Supremo.
Montero siempre ha defendido que la ley "es sólida" y que las revisiones a la baja "no se corresponden con el espíritu de la norma ni con la voluntad del legislador", achacando las reducciones a un problema "de aplicación", en referencia a que el número de condenas confirmadas multiplica al de las penas atenuadas. Pero la alarma social y las presiones internas, incluso por parte de la izquierda más cercana a Unidas Podemos, han convertido el asunto en el mayor quebradero de cabeza del Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Tanto es así que, en un órdago a Montero, el PSOE anunció este lunes que reformará la ley.
Casos concretos
Esta misma semana se ha reducido de nueve a siete años y medio de prisión la condena impuesta a un hombre que abusó de una menor en Murcia. La semana pasada fue puesto en libertad en Lleida un violador múltiple con casi una veintena de agresiones sexuales en su expediente, bajo la advertencia por parte de los servicios penitenciarios de un alto riesgo de reincidencia. En Córdoba se redujo un año de cárcel a un hombre que había abusado sexualmente de la hija menor de su pareja. Algo parecido ha ocurrido en Cantabria, donde una pena de ocho años de prisión pasa a seis años para un hombre que abusó de un chico de catorce años al que obligó a hacerle una felación. Y así hasta más de trescientas reducciones de condena desde la aprobación de la ley. Y esa pólvora, a juzgar por el elevado número de sentencias pendientes de revisión, no ha hecho más que comenzar a correr.
