La Generalitat no halló anomalías que llevaran a suspender el festival Medusa
El derrumbe de varias estructuras en el festival causó un fallecido y decenas de heridos.
El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias del Gobierno valenciano, José María Ángel, ha señalado este lunes que en las comprobaciones previas "no se detectaron anomalías que aconsejaran" la no celebración del festival Medusa de Cullera, donde el derrumbe de varias estructuras causó un fallecido y decenas de heridos.
Ángel ha comparecido en la comisión de Justicia de Les Corts Valencianes para explicar las actuaciones llevadas a cabo en la madrugada del sábado 13 de agosto, cuando un vendaval causado por un reventón térmico hizo caer varias estructuras del festival de música electrónica y de baile, y causó la muerte de un joven de Daimiel (Ciudad Real) y numerosos heridos.
Tras recordar que la causa está siendo investigada por los juzgados, Ángel ha defendido la excelente labor desarrollada por los equipos de emergencias para desalojar el recinto, en el que se concentraban más de 50.000 personas.
Asimismo, ha dicho que las comprobaciones previas "no detectaron anomalías que aconsejaran otra actuación que no fuera el desarrollo del acontecimiento", pero ha señalado que si la investigación judicial determina otra cosa, "la administración aplicará el ordenamiento jurídico o sancionador que proceda".
En concreto, ha señalado que la empresa contaba con todos los permisos en regla, incluida uno de la OCA (Organismo de Control Autorizado), encargada de certificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables.
Ha indicado que para ese fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología había establecido el nivel amarillo por tormentas y por temperaturas muy elevadas, pero la alerta se circunscribía a la provincia de Castellón y al interior de la de Valencia, mientras que Cullera está en el litoral de esta última provincia.
Asimismo, ha explicado que desde la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias participaron en todo aquello que la normativa les obliga, como es la Junta Local de Seguridad y la supervisión del recinto.
En concreto, ha afirmado que la Policía Adscrita a la Generalitat supervisó el recinto el 9 de agosto, cuando aún no estaban montadas todas las instalaciones, y el día 12, cuando se comprobó la documentación, los aforos, las salidas de emergencia, el personal de seguridad y los servicios sanitarios, y el resto de elementos a los que obliga la normativa de espectáculos.
Ángel ha indicado que la primera llamada se recibió a las 4.04 horas del sábado y aunque en ella solo se advertía de que había una tormenta en la zona del festival, sin heridos ni daños materiales, ya se activó a los diferentes servicios de emergencias: Bomberos, CICU, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Local y Policía de la Generalitat.
En la segunda llamada, a las 4.14 horas, ya se alertaba de la caída de elementos y de heridos, y según ha dicho, no es la Generalitat la que decide, sino que cada cuerpo determina qué recursos moviliza y cómo lo hace en función de la gravedad de los hechos descritos.
En ese sentido, ha defendido que la reacción de los recursos emergencia fue la adecuada, y permitió evacuar por completo el recinto.
Las dudas de la oposición
Desde los grupos de la oposición han lamentado las pocas explicaciones dadas, y han preguntado si se hizo alguna recomendación al Ayuntamiento de Cullera ante la situación climática prevista o si no es posible que la Generalitat suspenda un acontecimiento de este tipo si considera que hay riesgo.
También desde Unidas Podemos se ha planteado si cree que sería conveniente endurecer los protocolos y ampliar los criterios para la cancelación de estos macroeventos en caso de que se volvieran a producir fenómenos meteorológicos como el ocurrido en agosto.
José María Ángel ha respondido que la Generalitat tiene la capacidad de no permitir algún acontecimiento cuando hay un incumplimiento de la norma, pero en este caso el festival contaba con toda la documentación, incluso tenía una OCA.
En todo caso, ha considerado que los responsables públicos deben preocuparse y ocuparse por "cómo mejorar las respuestas" y no quedarse únicamente en cuál es su ámbito competencial, y ha señalado que se puede "abrir una reflexión" en ese sentido.
