Cinco claves para entender el lío en el Poder Judicial

1. ¿Qué se vota en el pleno del Congreso? La Cámara baja tiene que abordar este jueves la aprobación de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que suprime el delito de sedición y modifica el de malversación. Se trata de la tercera vez que los impulsores de la iniciativa recurren a un pleno extra para su tramitación. Fue el 11 de noviembre cuando estas dos formaciones registraron su iniciativa, una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal. Al optarse por esta vía -en lugar de por un proyecto de ley del Gobierno-, la norma entró en el Congreso sin que se pronunciaran sobre la misma el Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los partidos que forman parte del Ejecutivo ya recurrieron a este mecanismo del pleno extra en el primer examen parlamentario de la iniciativa, cuando se votó la toma en consideración a la una de la mañana, y una semana después repitieron para rechazar los textos alternativos de PP, Vox, Cs, Junts y CUP. En ese texto no solo se aborda el fin del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés', sino que también se trasponen directivas europeas sobre contrabando de armas de doble uso. Además, se ha acabado incluyendo vía enmiendas un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, una reforma del de malversación, cambios que afectan tanto a CGPJ como al Tribunal Constitucional, y que buscan desbloquear la renovación de este último.

2. ¿Con qué motivo se ha reunido el Tribunal Constitucional?. El pleno del Alto Tribunal se ha reunido este jueves para decir si se admite el recurso del Partido Popular en el que pide frenar de forma cautelarísima los cambios en el CGPJ y el propio TC. Este ha comenzado con un retraso de tres horas motivado por los escritos presentados por el PSOE, Vox y Unidas Podemos. En concreto, un amparo de Vox con cautelarísimas y dos de los socialistas y Unidas Podemos, en los que piden personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo. Además, el partido morado ha pedido la recusación del presidente y del magistrado Enrique Arnaldo -precisamente el ponente del recurso del PP- al considerar que no son imparciales para decidir sobre el recurso acerca de los cambios en el Poder Judicial. El pleno tiene que resolver sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por los populares y ahora también sobre las recusaciones. Finalmente, el TC ha decidido aplazar su decisión  hasta el lunes. Fuentes jurídicas han informado de que el pleno extraordinario debe resolver primero sobre las recusaciones de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.

3. ¿Qué ha recurrido el Partido Popular? Los populares presentaron el miércoles un recurso ante el tribunal de garantías con una petición cautelarísima que pasa por suspender los acuerdos en los órganos del Congreso que han permitido tramitar los cambios en el Código Penal. El PP pidió al Constitucional que se pronunciara antes del pleno de este jueves para que esas enmiendas no se puedan aprobar en caso de que los magistrados atiendan su petición. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su partido tiene la "conciencia tranquila" ya que, según ha dicho, si el Gobierno "no respeta el Estado de derecho", debe hacerlo la oposición. "La oposición no solo tiene que hacer oposición al Gobierno sino que tiene que garantizar la democracia en nuestro país", ha declarado Feijóo en una entrevista en Telecinco.

4. ¿Qué paso ha dado este jueves Vox? El partido de Santiago Abascal ha seguido los pasos del PP y  ha interpuesto un recurso de amparo solicitando al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada al TC de los dos candidatos nominados por el CGPJ. El recurso se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia adoptado el pasado lunes, por el que se admitieron -entre otras- las enmiendas parciales número 61 y 62 planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se deroga el delito de sedición.

En dichas enmiendas, el PSOE y Unidas Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos -que ahora requiere al menos 11 votos- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.  Vox entiende que el texto de la proposición de ley "supone en sí mismo una flagrante y notoria vulneración constitucional que fundamentará en caso de ser aprobada la vulneración constitucional y que ya en este momento supone, entre las gravísimas consecuencias que establece la misma, al modificar la configuración propia del Tribunal Constitucional". A su juicio, esto "supone la desarticulación de un órgano esencial en el sistema de controles y equilibrios del poder".

5. ¿Qué repercusión tiene en el CGPJ la paralización o no de la reforma legal? El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, ha convocado un pleno extraordinario el próximo martes, 20 de diciembre, para votar los nombramientos de César Tolosa y Pablo Lucas como magistrados para el Tribunal Constitucional, así como de aquellos que proponga el bloque progresista. Mozo accede así a la petición de los vocales conservadores que rechazó este martes porque no habían aportado los nombres de los dos candidatos conforme a las reglas pactadas, un asunto que ayer subsanó este grupo añadiendo a su solicitud los nombres de sus dos aspirantes, para de esta forma votar a los candidatos con las reglas vigentes y esquivar así la reforma de PSOE y Unidas Podemos.

No hay acuerdo sobre los candidatos entre el bloque conservador y el progresista y ninguno reúne los 11 votos necesarios con la legislación actual para que salgan adelante las designaciones, por lo que si el Constitucional suspende las reformas impulsadas por el Gobierno la renovación del tribunal de garantías previsiblemente seguirá bloqueada. Si no las suspende, se facilitaría la elección del candidato preferido de los conservadores y el de los progresistas.