tribunales
El sector conservador del CGPJ fuerza un pleno para renovar el TC sin someterse a la reforma del Gobierno
Se anticipa a la reunión del día 22 entre duras críticas por el cambio de las reglas del juego en plena negociación con el bloque progresista.
El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) forzó este viernes la convocatoria urgente de un pleno extraordinario, que se celebrará la próxima semana, para no someterse a la reforma planteada por los miembros del Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos- con el objetivo de agilizar la renovación del Tribunal Constitucional (TC), cuyo plazo legal venció a mediados de septiembre.
Molestos por el movimiento del Ejecutivo para "presionar" al Consejo con el nombramiento de sus candidatos al TC, los vocales de este sector no se quedaron quietos y se anticiparon al pleno ordinario previsto para el 22 de diciembre, en el que se iba a votar a los magistrados propuestos aunque el acuerdo no estaba garantizado por la falta de consenso.
Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron este viernes con el anuncio de la modificación que promueven socialistas y morados en el Congreso para garantizar la renovación y lograr el cambio de mayorías en el Constitucional. Un "atropello" y un "asalto a las instituciones" para los consejeros conservadores del órgano de gobierno de los jueces, según comentan fuentes de este sector mayoritario en el CGPJ.
El reglamento interno del Consejo establece que cinco vocales pueden pedir al presidente la celebración de la citada reunión y este debe convocar el pleno en los tres días siguientes a la solicitud. De consumarse, se programaría la próxima semana, entre el miércoles y el viernes.
"Apropiación" institucional
El bloque conservador, que cuenta con ocho miembros fijos de los 18 vocales del CGPJ, muestra su rechazo por el cambio de las reglas del juego en plena negociación con el sector progresista, que ya ha designado a su candidato: el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, al que algunos no ven con buenos ojos por su cercanía el Ejecutivo.
Así las cosas, los vocales conservadores estudian ya sus propuestas con el objetivo de tener decidido un nombre al que votar la semana que viene. Se barajan tres candidatos y los tres forman parte del Supremo. Una de ellas es la magistrada Inés Huerta, de la Sala de lo Contencioso.
Según esas mismas fuentes, la reforma del artículo 599.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el nombramiento por parte del Pleno del CGPJ de dos magistrados del TC cuando la renovación del tribunal de garantías corresponde al Gobierno y al órgano de gobierno de los jueces (como sucede en la actualidad), "es una violación flagrante de la Constitución". "Saben que el día 22 (cuando está convocado un pleno para votar a los candidatos) vamos a votar, pero no a Bandrés". Ante esa perspectiva, subrayan, se ha optado por una fórmula "para que el Gobierno pueda elegir a tres de los cuatro candidatos", lo que tachan de "apropiación de las instituciones".
Sin embargo, desde la corriente progresista creen que la propuesta de PSOE y UP es una "vía legítima" para que las Cortes ofrezcan una solución al actual bloqueo. A su juicio, lo "vergonzoso" sería que "nadie hiciera nada". Además, entienden que "lo razonable» ahora sería incluso esperar a celebrar cualquier votación a que la modificación legal sea una realidad. Por lo tanto, el conflicto está servido.
