La ley para suprimir el delito de sedición supera su primera votación en el Congreso con apoyo de ERC, PNV y Bildu
A instancias del PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, lo que ha obligado a cada diputado a levantarse en su escaño y anunciar su voto a viva voz en el hemiciclo. Como se esperaba, no ha habido fugas de voto. Ha habido 186 votos a favor, 155 en contra y seis abstenciones.
La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición, que sustentó las condenas a los líderes del proceso independentista de 2017, ha superado este jueves por la noche su primera votación en el Pleno del Congreso con el apoyo de una mayoría holgada de la Cámara. A partir de ahora se abrirá un plazo de presentación de enmiendas por si la redacción se modifica.
A instancias del PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, lo que ha obligado a cada diputado a levantarse en su escaño y anunciar su voto a viva voz en el hemiciclo. Como se esperaba, no ha habido fugas de voto.
Al filo de la 1 de la madrugada, tras una maratoniana jornada parlamentaria en la que el Gobierno ha conseguido sacar adelante los Presupuestos Generales de 2023, la cámara baja ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa, con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones que los diputados han ido anunciando uno a uno y a viva voz. La tramitación de esta reforma puntual del Código Penal ha sido apoyada por los diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País-Equo y BNG, mientras que los del PP, Vox, Ciudadanos, CC, Navarra Suma, PRC y Foro se han pronunciado en contra. Los independentistas de Junts y la CUP, por su parte, han optado por la abstención (6).
Eso sí, con la advertencia de algunos grupos minoritarios de que presentarán enmiendas al considerar que el nuevo delito de "desórdenes públicos agravados" puede criminalizar las protestas y movilizaciones. Por lo pronto Junts ya ha anunciado que registrará su propia propuesta -basada en la jurisprudencia de tribunales europeos en relación con el 'procés'- y se da por hecho que otros grupos como el PP o Vox harán lo propio.
La reforma propuesta aboga por borrar el delito de sedición del Código Penal y convertirlo en "desórdenes públicos agravados" con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima de prisión y contempla hasta 8 años de inhabilitación.
Una iniciativa que ha vuelto a concentrar las críticas de la derecha del arco parlamentario, que ve en ella una cesión al independentismo catalán a cambio del apoyo a los Presupuestos, algo que ha negado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
El debate, que se ha prolongado durante más de dos horas, se ha producido en ausencia del Gobierno, lo que ha sido objeto de reproches, y solo a mitad del mismo se ha podido ver en la bancada del Ejecutivo a su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque en el momento de la votación se han ido incorporando algunos ministros.
Una propuesta frente a la inacción del PP en Cataluña
El PSOE, por boca de Francisco Aranda, y Unidas Podemos, de la mano de Jaume Asens, han defendido la necesidad de suprimir el delito de sedición para adaptar el Código Penal a los "estándares europeos", y han reivindicado la apuesta por el diálogo y la convivencia del Gobierno en Cataluña frente a la falta de propuestas del PP en la comunidad autónoma.
"Nunca hubo más independentismo que con Rajoy", ha sentenciado Aranda, del PSC, que ha presumido de que, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "se ha rebajado la tensión política y social" en Cataluña, donde los ciudadanos "están cada vez menos interesados en la independencia".
Argumento compartido por Asens, que ha achacado al PP ser una "fábrica de independentistas" frente a una propuesta que considera "un paso importante para recuperar la normalidad democrática en Cataluña", a la vez que ha lanzado duras críticas a JxCAT por su oposición a la reforma: "Recordamos cuando se llamaban CiU y apoyaban los recortes del PP y criminalizaban las protestas".
PP: una reforma "tramposa" hecha para los golpistas
Se esperaban duras críticas del PP y así ha sucedido. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha reprochado al Gobierno la "tramposa y fraudulenta" propuesta de reforma, hecha "al dictado de (Oriol) Junqueras y a la medida de los golpistas", en alusión a los condenados por el "procés".
Porque para Gamarra, no se trata de "convivencia sino de conveniencia", en alusión al apoyo de ERC y de EH Bildu a los Presupuestos. "Sus socios exigen pagos al contado", ha espetado la diputada, quien ha dicho que "hoy es día de cobro".
También agresiva ha sido la intervención del diputado de Vox Javier Ortega-Smith, para quien la propuesta solo busca "facilitar la vuelta de los cobardes fugados", como el ex presidente catalán Carles Puigdemont, mientras que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de hacer "Códigos Penales a medida de los delincuentes" y de defender a "cuatro señoritos nacionalistas que llevan toda la vida viviendo muy bien a costa del 'procés".
De "Reforma Sánchez-Aragonés" -en referencia al presidente del Gobierno y al de Cataluña- ha catalogado Josep Pagès, de JxCAT, una propuesta "que salva a unos pocos" y que pone en peligro el derecho de protesta, y ha dejado claro que no van a ser "los tontos útiles" que la avalen.
Pero el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha negado que la reforma sea una concesión a su partido ni al independentismo y ha dicho que con ella se le pone "un poco más difícil al juez o jueza facha de turno (...), quitando el juguete a jueces fascistas", una expresión que le ha recriminado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Rufián se ha dirigido a JXCAT, sin nombrarlo, para instarles a que sean parte de una solución y no del problema y a que, como ha hecho ERC, ayuden "desde Madrid" a sacar adelante leyes que han salvado la vida a millones de personas en la pandemia.
También gracias en parte a ERC "nueve personas duermen en su casa y no en una celda", ha concluido en alusión a los condenados del "procés".
Desde Bildu, Jon Iñarritu ha visto en esta reforma una medida "positiva" para "desjudicializar" el conflicto político de Cataluña y "sacar de los tribunales lo que nunca debió llegar a ellos".
No ha gustado, sin embargo, la propuesta a la CUP, que se ha abstenido al considerar que corre el riesgo de penalizar el derecho de protesta, en línea de otros partidos como BNG o PdeCAT.
Procedimiento exprés
Al haberse optado por una proposición de ley de los grupos en lugar de por un proyecto de ley del Gobierno, no ha sido necesario solicitar informes al Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El texto, que consta de 21 páginas, dos artículos (uno de ellos con 19 nueve apartados) y hasta nueve disposiciones, se registró el 11 de noviembre y la Mesa de la Cámara le dio su visto bueno tres días después, con el voto en contra del PP y Vox. También se aprobó su tramitación por el trámite de urgencia, lo que reduce todos los plazos a la mitad.
