Imputan a la alcaldesa que impidió la exhumación de los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos
La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial se enfrenta ahora a un posible delito de prevaricación administrativa.
La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 5 de San Lorenzo de El Escorial en Madrid ha citado a la alcaldesa del municipio, Carlota López Esteban, a declarar como investigada en el marco de la querella presentada por familiares de inhumados en el Valle de los Caídos por su "negativa" a reactivar la licencia de obras que permitiría acceder a las criptas para proceder a las exhumaciones.
En una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la jueza señala la citación para el próximo 20 de diciembre a las 10.30 horas y requiere al Ayuntamiento para que en el plazo de cinco días hábiles aporte el expediente en papel para constancia en los autos.
Hace unas semanas, la magistrada admitió a trámite la querella, que se interpuso antes de otra jueza rechazara en septiembre la solicitud de la Abogacía del Estado para que se ejecutara el auto que el pasado junio levantó las medidas cautelares que paralizaban las exhumaciones.
Esta resolución daba la razón a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial en su negativa a renovar la licencia de obras hasta que no haya sentencia firme.
Sin embargo, la jueza que decidirá sobre la querella entiende que "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Los querellantes consideran que Carlota López Esteban habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello "vulnerar la reparación de las víctimas y el principio constitucional de la dignidad de las personas".
La querella se interpuso en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1963 por el bando nacional en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro.
La acción penal se dirige contra Carlota López Esteban después de que no renovara el permiso para iniciar los trabajos de acceso a los restos a pesar de que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó levantar la medida cautelar que paralizaba la citada licencia urbanística. Esta decisión está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.
En un informe jurídico, el Ayuntamiento de la localidad madrileña alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle por su falta de solidaridad hacia las víctimas.
La alcaldesa manifestó en un comunicado que la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, "completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo".
En la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, se expone que "concurren" todos los elementos de la presunta comisión de un delito de prevaricación. Los familiares argumentan que "la querellada ha dictado en pleno municipal su negativa a reactivar la licencia municipal, y a su vez, es conocedora del fallo del TSJ por el que se levanta la suspensión sobre dicha licencia que ella misma otorgó, 12 meses antes".
En los hechos, el abogado de las familias, el letrado Eduardo Ranz Alonso, menciona el auto, de 30 de marzo de 2016, dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que reconoció el derecho a la digna sepultura de los hermanos Lapeña Manuel y Antonio-Ramiro, una sentencia histórica que seis años después no se ha ejecutado.
