Radiografía del acuerdo sobre el delito de sedición gestado con máxima discreción
Sánchez anunció el cambio legislativo este jueves por la noche, sin que hubiese habido filtraciones previas, a pesar de que el acuerdo habría quedado sellado en buena medida un día antes.
El anuncio sobre la reforma del delito de sedición, que quedará reemplazado por otro delito de "desórdenes públicos agravados" y con penas más bajas, se ha gestado en las últimas semanas en contactos discretos, que han conseguido superar las divergencias que separaban a PSOE y ERC.
Fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció el cambio legislativo este jueves por la noche, sin que hubiese habido filtraciones previas, a pesar de que, según fuentes conocedoras de las conversaciones, el acuerdo quedó sellado en buena medida el miércoles por la noche.
Mientras desde ERC afirman que el anuncio fue fruto de las conversaciones que han mantenido republicanos y socialistas, desde el Gobierno de Pedro Sánchez no hablan de negociación con Esquerra, aunque reconocen que ha habido contactos para trasladarles lo que pensaba hacer el Ejecutivo para tener asegurado su apoyo, ya que siempre han dicho que no se presentaría una propuesta que no tuviera asegurado previamente el apoyo de las Cortes Generales.
Ambas partes son reacias a dar detalles y concretar quiénes fueron los protagonistas del desbloqueo de esa reforma, cuyos últimos retoques fueron introducidos el mismo jueves, antes del anuncio de Sánchez, si bien el punto de partida puede situarse más atrás.
El origen
El pasado 27 de julio, en la Moncloa, las delegaciones del Gobierno del Estado -encabezada por el ministro Félix Bolaños- y del Govern de Cataluña -liderada por la consellera Laura Vilagrà-, en el marco de la mesa de diálogo, firmaron un primer acuerdo para avanzar en la "desjudicialización" del conflicto catalán.
En ese momento no concretaron qué cambios legislativos podía comportar ese proceso de "desjudicialización", pero en boca de todos estaba la posible reforma del delito de sedición, que fue clave en las condenas a prisión dictadas por el Tribunal Supremo en 2019 a nueve líderes independentistas por el 'procés'.
El plazo que se impusieron ambos gobiernos para concretar esas reformas contemplaba como límite el 31 de diciembre de este año.
La incertidumbre
A la vuelta de las vacaciones de verano, el Govern de Pere Aragonès sufrió una sacudida sin precedentes: las tensiones entre socios de coalición derivaron en ruptura, de manera que los consejeros de JxCat abandonaron el cargo el pasado 7 de octubre y dejaron a ERC sola al frente de la Generalitat.
Otro terremoto político que arrojó dudas sobre si finalmente podrían cumplirse los compromisos de la mesa de diálogo ocurrió a finales de octubre, cuando el PP dio por quebrada la negociación con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el argumento de que los socialistas no le daban garantías de que no se rebajarían las penas por el proceso independentista.
Fuentes del Gobierno señalan que se trasladó a ERC durante la negociación del CGPJ con el PP que no afectaría para nada a su intención de llevar adelante la reforma de la sedición.
La resolución
Las dificultades creadas por la reacción del PP fueron finalmente superadas y el acuerdo sobre la sedición acabó cristalizando a mitad de esta semana.
Ambas partes niegan que haya relación directa, pero el anuncio llega precisamente en un momento en que ambos gobiernos, el central y el catalán, necesitan votos para aprobar sus presupuestos para 2023.
En este sentido, el paso dado este viernes por PSOE y Unidas Podemos allanaría el terreno para un eventual apoyo de ERC a los próximos Presupuestos Generales del Estado, mientras que, en Cataluña, Aragonès podría ver ahora al PSC como una alternativa viable si fracasa la negociación presupuestaria con JxCat.
La tramitación
Ahora se inicia la tramitación de la reforma del Código Penal en el Congreso, en la que ERC tratará de aprovechar para retocar también el delito de malversación, para que afecte lo menos posible a casos como el 1-O y se consigan, en la práctica, unos efectos similares a los de una amnistía.
En cambio, desde el Gobierno, recalcan que la petición de amnistía no tiene futuro y, sobre la petición de más cambios legales, dicen que en lo que hay que centrarse ahora es en esta reforma anunciada.
Fuentes del Gobierno destacan la "valentía" de tomar una decisión que están convencidos de que es buena para la convivencia, pese a saber la reacción que iba a provocar en la derecha, y subrayan que los españoles sabrán valorar el gesto más allá del ruido de la oposición.
