Los socios de Sánchez y el PP ponen contra las cuerdas a Marlaska por la crisis de Melilla

Las eventuales consecuencias políticas de la avalancha mortal en la valla de Melilla del 24 de junio han entrado en las últimas horas en una dimensión impredecible arrinconando en una esquina del ring al titular del Ministerio del Interior por su discutida gestión de la tragedia. El ministro Fernando Grande-Marlaska llevaba días hostigado a izquierda y derecha a raíz de que un reportaje de la cadena BBC concluyera, contra su insistente versión, que el alud de inmigrantes que acabaron muertos o heridos sí llegó a alcanzar territorio bajo soberanía española. Pero ese cerco ha pasado a ser poco menos que asfixiante después de que un vídeo inédito difundido por este periódico y otras informaciones hayan acreditado que el drama sí se desarrolló a este lado de la frontera. Y con la irrupción de gendarmes marroquíes.

Grande-Marlaska no se descabalga de su relato, ni el ala socialista del Gobierno del apoyo que le viene prestando y que refrendó el presidente Pedro Sánchez preguntado el viernes por el espinoso trance con su titular de Interior. Pero donde éste insiste, machaconamente, en que la actuación del Estado fue "legal, proporcional e idónea", los socios del Ejecutivo -empezando por Unidas Podemos- y la oposición solo ven ya una cadena de mentiras que les hace coincidir, con matices y distintas motivaciones, en una triple exigencia: que el ministro dimita -la suscriben fuerzas tan dispares como el PP, Vox y ERC-, que el presidente le destituya o que se someta al oprobio de la comisión de investigación a la que urgen los aliados gubernamentales y que sigue dependiendo de lo que decidan los populares. Y los de Feijóo no descartan "nada".

Este martes, mientras el goteo de revelaciones elevaba el diapasón de las críticas contra Grande-Marlaska, el Gobierno se mantuvo firme en su cobertura al ministro. Al menos así lo hizo la portavoz socialista, Isabel Rodríguez, porque Unidas Podemos continuó pidiendo explicaciones al responsable de Interior con el que comparte Ejecutivo. Un día después de que varios diputados visitaran el paso fronterizo en el que murieron decenas de subsaharianos -23 reconoce Marruecos, 72 oponen las ONG- y dedujeran que la tragedia se produjo en territorio español tras ver los fragmentos de vídeo autorizados por el ministerio, Rodríguez reiteró su confianza en que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue "proporcional y acorde a la ley". Unos términos de los que tampoco se apea Grande-Marlaska.

Es una evidencia ya que la crisis por Melilla está dejando al Ejecutivo en una situación política delicada. Quienes cuestionan o exigen poner luz sobre cómo se produjo una tragedia a la que el propio Sánchez se mostró insensible durante días se despliegan a lo largo y ancho del arco parlamentario. Y de fondo, junto a las reconstrucciones periodísticas de los hechos, interpela un informe del Defensor del Pueblo que acusa a Interior de haber deportado 'en caliente', de forma ilegal, a 470 inmigrantes que lograron saltar con vida la valla aquella jornada aciaga.

Aunque el PP no ha resuelto si promoverá su propia comisión de investigación en el supuesto de Grande-Marlaska y Sánchez no muevan ficha o si apoyará la impulsada por la izquierda y el independentismo -más incómoda para los de Feijóo por la fiscalización de Vox-, el Ejecutivo da por sentado que los populares harán causa común en esto con sus propios aliados de legislatura. "Sabemos que están dispuestos a lo que sea para desgastarnos", se defienden fuentes gubernamentales. Aunque lo que de verdad genera inquietud es la posición de Unidas Podemos. "Hay comportamientos -alegan con tono dolido- que no se entienden".

Responder "con todo"

La oposición de Feijóo ha imprimido en estas horas un salto cualitativo a la presión, ya notable, que venía ejerciendo sobre el titular de Interior. El PP va "con todo", según avisan gráficamente fuentes de Génova, para tratar de cobrarse la dimisión o la destitución de Grande-Marlaska. Los populares creen que la información recogida por los parlamentarios desplazados el lunes a Melilla y la grabación que determina que la avalancha llegó hasta territorio nacional les cargan de razones para forzar a Grande-Marlaska a abandonar su puesto. O a que el presidente se vea ante la única salida de apartarle de sus responsabilidades por el desgaste de una polémica muy sensible para el electorado de la izquierda. Los conservadores, que también contemplan la reprobación parlamentaria del responsable de Interior, se permitieron sugerir incluso al presidente que aproveche la crisis de gobierno que se anticipa, a fin de enviar a la ministra Reyes Maroto de candidata a la Alcaldía de Madrid, para prescindir de él.

Con Feijóo de viaje, sus correligionarios cargaron este martes uno tras otro contra Grande-Marlaska por haber "mentido" y haber colocado a España "en el foco de la comunidad internacional" por una "grave vulneración de derechos humanos". El número tres de los populares, Elías Bendodo, recordó que fue Sánchez quien consideró «bien resuelta» la tragedia y le retó a que "dé la cara" sin "parapetarse" tras la Guardia Civil. En concreto, el partido quiere saber la cifra exacta de muertos, si gendarmes marroquíes trasladaron cadáveres desde este lado de la frontera y si los efectivos españoles recibieron "órdenes indignas" e "indecentes".

Los populares son conscientes de que deben disociar su cerco al ministro de un cuestionamiento de la Guardia Civil , especialmente porque Vox exige también la dimisión del titular de Interior pero desmarcándose de lo que interpreta como una campaña de desprestigiar al instituto armado. Los requerimientos al ministro han hecho confluir a las dos fuerzas de la derecha con ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, fue más lejos que Unidas Podemos y Bildu al zanjar que Grande-Marlaska debe irse si no es capaz de salir de su espiral de "mentiras y falacias".