El choque de Sánchez y Feijóo por la rebaja del delito de sedición revienta el pacto del Poder Judicial

Las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de casi cuatro años con el mandato caducado entraron este jueves en dique seco. Justo cuando desde ambas partes se alentaba la idea de que el pacto era inminente. La causa esta vez de la discordia es la intención de Pedro Sánchez de atender las demandas de Esquerra y acometer una reforma del Código Penal para rebajar las penas atribuibles al delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés'. Los populares sostienen que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, les había asegurado que la norma no llegaría a tramitarse, pero el hecho de que el propio presidente reafirmara en las últimas horas desde Sudáfrica su intención de llevarla adelante los llevó a dar por suspendida toda conversación.

En un comunicado enviado a los medios a última hora de la tarde, el principal partido de la oposición explica que, tras escuchar al jefe del Ejecutivo en una comparecencia junto al dirigente sudafricano Cyril Ramaphosa, Alberto Núñez Feijóo habló por teléfono con él para expresarle su "extrañeza" y que este confirmó que no rectificaría su postura. "Nuestra vocación de acuerdo es tan firme como nuestra convicción de que no podemos seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a todos los que quieren combatirlo", argumentan los populares para justificar la ruptura.

El desenlace se veía venir ya desde el mediodía de este jueves, vista la inmediata reacción del PP a la afirmación de Sánchez de que el pacto para la renovación del CGPJ estaba "listo, preparado" y solo a la espera de que los conservadores ratificaran su voluntad política de rubricarlo. En esa misma comparecencia, el jefe del Ejecutivo había dejado caer que su hoja de ruta para Cataluña pasaba por recuperar la mencionada reforma del Código Penal; una oferta que él puso encima de la mesa veinte días después de su investidura, pero que hasta ahora había sido rechazada por los republicanos. Además, había instado a Feijóo a no supeditar a este asunto las conversaciones sobre la Justicia. "Una cosa es la agenda legislativa, en contra de la que puede votarse cuantas veces uno desee, y otra es el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales", alegó.

Nada había "cerrado"

Apenas unos minutos después el principal partido de la oposición ya emitió el primer comunicado de la jornada, toda una pista de lo que podía venir a continuación. Con un 'no' en mayúsculas negó la inminencia del pacto. "No es cierto que la solución esté cerrada ni en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial ni en el Tribunal Constitucional", advirtió a esa hora.

Populares y socialistas se acusan ahora mutuamente de haber dinamitado una renovación institucional necesaria para poner fin a la crítica situación en la que se encuentran ya el Supremo, tribunales superiores y audiencias, lo que el dimisionario presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, calificó de "estropicio": miles de sentencias pendientes, vacantes en puestos clave sin cubrir o salas presididas por jueces no titulares.

"Sánchez ha querido boicotear el acuerdo -recriminan en el PP. Su posición nos empuja a un rincón en el que nos es imposible cerrar un pacto no solo porque no lo entenderían nuestros electores, sino por respeto institucional". Las mismas fuentes vienen a descartar, además, que el escenario pueda dar ya un vuelco y apuntan a la siguiente legislatura, con Feijóo en la Moncloa y "con otro PSOE", como única opción para la renovación de los órganos constitucionales.

El PSOE replica que todo son meros "pretextos" y, en otro comunicado, insta al líder de la oposición a dar cumplimento al mandato de la Carta Magna, que indica que el relevo en la cúpula del Poder Judicial, para el que se necesita el acuerdo de tres quintos del Congreso y el Senado, debe producirse cada cinco años (ya va para nueve). Ferraz insiste también, en contra de lo aseverado por los conservadores, en que el acuerdo estaba "listo y preparado para ser firmado" y los acusa de estar provocando una crisis "muy grave" que daña el funcionamiento normalizado de la Justicia y que afecta, subraya, "a la reputación de nuestro país en la UE".

En el texto, enviado alrededor de media hora después del de los populares, el partido gubernamental aclara que fue el propio Sánchez quien llamó a Feijóo tras su rueda de prensa y no a la inversa, como podía dar a entender la nota del PP, precisamente para "formalizar" el acuerdo sobre el CGPJ. "El señor Feijóo ha utilizado una nueva excusa -reprocha-, (...) demuestra una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto".

"Objeto de intercambio"

Los socialistas defienden además, como ya había hecho el propio jefe del Ejecutivo, su derecho a impulsar las leyes que considere oportunas sin que ello pueda suponer "objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española". Y oponen que la intención del Gobierno respecto a la reforma del Código Penal ha sido siempre clara y transparente y no ha variado a lo largo de la legislatura. Lo cierto es que esta agenda legislativa tiene poco que ver con lo que el propio Sánchez prometió en campaña electoral, que no fue la rebaja del delito de sedición sino la tipificación de los referéndums ilegales. Algo a lo que también hace alusión ahora el PP.

La nitidez del Ejecutivo en torno a la reforma del Código Penal es, por otro lado, cuestionable porque hasta ahora nunca ha aclarado qué es exactamente lo que pretende hacer. El exministro Juan Carlos Campo, que dejó el proyecto preparado en un cajón antes de su destitución, siempre dijo que no solo se tocaría la sedición y que había que hacer una reforma balanceada en la que, entre otras cosas, defendía castigar la desobediencia al Constitucional. Y su sustituta, la también juez Pilar Llop, ha dejado caer en alguna ocasión que una modificación de esta envergadura debería hacerse con el PP; algo que no parece estar hoy en los propósitos de Sánchez.

El presidente, de hecho, lleva meses dando largas a sus socios de Esquerra, que le instan a presentar su propuesta. El argumento del jefe del Ejecutivo venía siendo que aunque su voluntad sea firme, no cuenta con mayoría para sacarla adelante.