El "gato comunitario" obtiene protección especial a pesar de las alertas científicas

La 'ley de bienestar animal' concede inmunidad a las colonias de felinos, a pesar de que amenazan a otras especies.

Un gato urbano.
Un gato urbano.
Pablo Cobos

La Ley de Derechos y Bienestar Animal, aprobada el lunes en Consejo de Ministros, concede una protección especial a los gatos callejeros, a los que dedica un capítulo entero, ya sean "abandonados, extraviados, merodeadores sin esterilizar o sus camadas". En la fase de alegaciones, los científicos dedicados a la ecología y conservación solicitaron que se considerara a los ejemplares de las colonias felinas como animales silvestres, debido a que se trata de depredadores que representan una amenaza para las especies autóctonas, sea en espacios naturales o urbanos. Sin embargo, la nueva ley introdujo un concepto inédito, el del "gato comunitario", para definir al que vive en "entornos humanos y no es adoptable" y concederle una serie de beneficios.

"Los gatos silvestres afectan de forman muy negativa la conservación de especies, sobre todo en las islas", advierte Pedro Romero, investigador de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. "En la ley, que es necesaria y tiene puntos positivos, hay aspectos problemáticos que nos causan mucha preocupación, como las definiciones enrevesadas que dan lugar a la ambigüedad, como el de 'gatos comunitarios', que no queda claro qué son, y el de 'animales abandonados', que permite que cualquier persona pueda coger a un animal que considere desamparado, incluso en los espacios naturales".

La conocida como 'ley de bienestar animal', que comienza ahora su andadura en el Congreso, obliga a "respetar la integridad, seguridad y calidad de vida" de los gatos asilvestrados. También de las "instalaciones" donde la gente suele dejarle comida. Los gobiernos deben capturar, esterilizar y devolver al mismo lugar a los ejemplares.

Los gatos (mencionados 63 veces en 72 páginas de ley) tampoco podrán ser sacrificados, aunque hay excepciones por razones sanitarias, ni confinados a menos que sea para su esterilización o reubicación, o que sean "cachorros" para ser adoptados.

"No se nos hizo mucho caso en la resolución final", lamenta Romero, que suscribió artículos y manifiestos junto a varios otros científicos, contra los privilegios concedidos a los gatos silvestres.

Reubicar o desplazar

"Se ha priorizado a algunos colectivos animalistas frente al ámbito científico y ni siquiera han dicho quién les asesoró en cuanto a ecología de conservación", prosigue Romero. "El método de control que proponen, de consiste en esterilizar a las colonias felinas, no es efectivo. Se ha demostrado con evidencia científica en los lugares donde se ha aplicado, como en Roma. Son de vida libre y sólo se agrupan cuando se les provee de alimentos en puntos determinados. Pero es imposible controlar al total de una población, por los aportes de individuos que vienen de fuera. Además, aunque sean esterilizados, el gato sigue matando".

El texto aprobado por el Gobierno se ha "suavizado" y contempla ahora "reubicar o desplazar" a los gatos silvestres si suponen "un impacto negativo" para la biodiversidad de "espacios naturales protegidos", "Red Natura 2000", "fauna protegida" o la "salud de las personas". No obstante, Romero considera que los gatos "siempre suponen un daño, porque caza una variedad de especies muy amplia, como aves, mamíferos, reptiles e invertebrados. Por mucho que se le alimente, siempre caza. En Canarias, por ejemplo, tienen consecuencias catastróficas y es una de las causas que más afecta a especies que son únicas. Y en los espacios urbanos también tenemos fauna protegida. Según esta ley, deberían reubicarse todas las colonias".

Los perros pastores, animales de compañía con GPS obligatorio

Los perros pastores y los de caza pasan a ser considerados animales de compañía. Por lo tanto, sus propietarios, los pastores, deben dotarlos de un "sistema de identificación", que facilite la "trazabilidad" del ejemplar dedicado a las actividades cinegéticas o de pastoreo. Estos últimos, además, deberán estar "localizados de forma permanente mediante sistemas de geolocalización.

"Medidas como las del GPS de los perros pastores deben ser apoyadas por el Gobierno", sostiene el científico Pedro Romero. "Deben decir qué hacer con los datos y cómo se hará para tenerlos localizados las 24 horas. Al menos han corregido cuestiones como el impedimento a que realicen sus actividades antes de los 18 meses".

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