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Un hombre acusado de abusar de sus hijas: "Eso es imposible, a mis hijas las adoro"

Es juzgado en Mallorca por presuntamente abusar sexualmente a diario de sus dos hijas menores.

Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional
Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional
EP

El hombre acusado de abusar sexualmente de manera continuada de sus dos hijas menores durante varios meses ha negado los hechos argumentando que "adora a sus hijas" y ha asegurado que las denuncias contra él se produjeron por venganza y para conseguir dinero para comprar una casa.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzga, a partir de este lunes a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas menores de edad, hechos por los que la Fiscalía solicita 36 años de cárcel.

A preguntas de la Fiscalía, el hombre ha negado en varias ocasiones haber abusado sexualmente de sus hijas asegurando que "no es ni borracho ni drogadicto", que "adora a sus hijas, que está orgulloso de ellas" y que "las cuidaba y las llevaba al médico".

Además, según el acusado, la denuncia se produjo por varias razones. Entre ellas, que sus hijas estaban influenciadas por su excuñada porque su hermano le debía dinero, y por su madre, que aseguró que la había "dejado plantada en el altar" y que la había inducido a que abortara.

También, el hombre ha señalado que una de las hijas le pidió 50.000 dólares para comprar una casa a su abuela. Al negarse y explicarle "que para eso hay que trabajar", su hija le dijo que "ella sabía como conseguir el dinero" y que le podía pasar como a un tío suyo, que también fue denunciado por su hija. "Mi hija se quería vengar de mí porque, según ella, era un mal padre", ha concluido.

En su declaración, la hija mayor ha asegurado que las agresiones sexuales se produjeron nada más llegar ella y su hermana a Mallorca en marzo de 2016 y hasta junio de 2017 cuando, tras una discusión, se marcharon a vivir con su tío.

Según la joven, los abusos comenzaron con besos y tocamientos hasta pasar a penetraciones vaginales y anales, "no siempre con preservativo" que llegaban a producirse hasta dos veces al día. La chica ha apuntado que no se resistía a las agresiones por miedo "a que las llevaran a un orfanato".

Sobre la supuesta compra de una vivienda, la joven ha matizado que era la abuela la que estaba construyendo una casa en su solar y que era su padre el que quería comprar una casa para ellas.

La denuncia, sin embargo, no se produjo hasta noviembre de 2018, a pesar de que contaron los hechos tanto a una profesora como a la pareja de su tío y de que se acordó que el padre no tendría más contacto con sus hijas. La joven, además, ha explicado que esperó a tener la mayoría de edad para evitar tener que acabar en un centro de menores.

Por su parte, la hija menor también ha explicado que su padre intentaba entrar en la habitación, a pesar de que colocaban muebles para impedirlo. Además, ha apuntado que ya había intentado sobrepasarse antes de llegar a Mallorca.

La joven ha explicado que su padre le realizaba tocamientos casi cada día, aunque ha explicado que no recuerda muy bien las situaciones en las que supuestamente se produjeron penetraciones anales y vaginales.

Por su parte, la esposa del acusado ha relatado el mal ambiente que reinaba en la casa derivado de la convivencia con las chicas, aunque ha asegurado que siempre trató de "limar asperezas", pero que finalmente desembocó en que se fueran a vivir con su tío. "Siempre me vieron como la mujer que quería destruir la familia", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha reconocido que nunca tuvo conocimiento de boca de las niñas de las supuestas agresiones sexuales.

Según el escrito del fiscal, los hechos ocurrieron entre marzo de 2016 y junio de 2017. Entonces, prácticamente a diario, el encausado iba a los dormitorios de sus hijas, de 15 y 14 años de edad al inicio de los hechos, para meterse en sus camas y obligarlas a mantener sexo.

A ambas, con ánimo de amedrentarlas, la Fiscalía sostiene que les amenazaba con que si contaban algo serían separadas y enviadas a centros de acogida.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 300 metros respecto a ambas víctimas durante 22 años y una indemnización de 30.000 euros para cada una por daño moral.

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