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Radiografía de una parálisis institucional sin precedentes en la Justicia

El CGPJ en funciones se encuentra bloqueado desde hace tres años y medio por la falta de un acuerdo político PSOE-PP.

Sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
EFE

No hay precedentes en la democracia española de una parálisis institucional que afecte de tal manera al Poder Judicial. Con el Supremo al borde del colapso, el Constitucional sin poder renovarse y el CGPJ en funciones y bloqueado desde hace tres años y medio. Todo, por la falta de un acuerdo político PSOE-PP.

A continuación, diez claves que resumen una situación enquistada desde 2018 que se ha ido agravando más en las últimas semanas.

El origen de todo, el bloqueo del CGPJ

Tres años, seis meses y veintiséis días. Ese es el tiempo que lleva el Consejo General del Poder Judicial en funciones, desde el 4 de diciembre de 2018. Todo un récord en la historia del órgano de gobierno de los jueces, cuya composición actual data de la arquitectura parlamentaria de 2013, es decir, de la primera legislatura de Mariano Rajoy, hace casi nueve años.

Las consecuencias de esta "anomalía constitucional" afectan no solo al normal funcionamiento del Consejo, sino también al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, dos de las principales instituciones que vertebran el sistema democrático español.

La responsabilidad del PSOE y del PP

Nadie en la carrera judicial es ajeno a la causa del bloqueo. La "falta de voluntad" por alcanzar un acuerdo entre las dos principales fuerzas parlamentarias mantiene 'sine die' el problema enquistado. PSOE y PP arremeten el uno contra el otro para descargar toda la responsabilidad en una cuestión que levanta ampollas en Europa. Esa "lucha partidista", como dice el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, gana terreno ya al cumplimiento de la legalidad.

El incumplimiento de la Constitución y de la Ley

Desde el origen, el CGPJ insiste, sin éxito alguno, en poner fin a este "incumplimiento de la legalidad". Ya nadie tira balones fuera, todos los actores reconocen que están incumpliendo la normativa, el último de ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó. Otra cosa es el grado de responsabilidad que admitan en dicho incumplimiento.

Porque la Constitución fija un mandato de cinco años y la Ley Orgánica recoge que el CGPJ se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los cinco años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.

Las presiones parlamentarias del Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez ha barajado mil formulas parlamentarias para desbloquear la renovación. Cambiar el sistema de elección para que fuera por mayoría absoluta, descartado por los recelos de Bruselas y como "gesto" al PP. Luego la reforma para prohibir los nombramientos del Consejo en funciones. Y ahora pretende revocar en parte esa misma ley para conseguir su mayoría en el Constitucional. Ha optado por las vías del acuerdo y del diálogo pero también por la amenaza y la presión al PP. Sin éxito.

Los vaivenes del PP

Como en toda negociación política, el PP puso sus condiciones sobre la mesa. En un principio se negó abordar la renovación si un partido "radical" como Podemos tenía "cualquier papel" en ella. Los indultos del procés y los acuerdos con ERC o Bildu pusieron más piedras en el camino. Después, el PP exigió una reforma de la ley para que sean los jueces quienes elijan a la mayoría de los vocales.

Hoy, cuando todo parecía despejado tras las elecciones andaluzas, los puentes están rotos tras la última maniobra de Sánchez. Por eso, el PP suma dos nuevas condiciones para retomar el diálogo: Que el PSOE retire la reforma para que el CGPJ sí nombre en funciones a los dos magistrados que le corresponden para el Constitucional o que la amplíe para extender los nombramientos al Supremo.

Las negociaciones y la clave electoral

Fuentes jurídicas confiesan que siempre han existido, otra cosa es la publicidad que se les otorgue. Tres intentos fallidos -todos con Pablo Casado como presidente de los populares- comenzando por la filtración de un mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre el juez Manuel Marchena. El resto, condicionados por los vetos a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell.

Y a ello se suma el calendario electoral. Cada vez que asoman unos comicios, la cuestión del CGPJ hiberna, sin saber cuándo despertará. No hubo acuerdo tras Cataluña, Madrid y Castilla y León. Y tras Andalucía, el panorama no invita al optimismo.

El colapso en el Tribunal Supremo

La reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos para impedir los nombramientos cuando el CGPJ esté en funciones levanta ampollas en la carrera y el veto lo sufre como nadie el Supremo. Si hace meses advertía del "colapso" del tribunal, esta semana la Sala de Gobierno ha alertado al Senado y al Congreso por carta de que la situación es "insostenible" y de las "dificultades extraordinarias para su funcionamiento" por la imposibilidad de cubrir las vacantes.

14 plazas de magistrados sin cubrir y contando. "Es una situación que un Estado no se lo puede permitir", dice Lesmes.

Europa

Estas parálisis institucional tiene su eco en Europa, que no mira de reojo lo que ocurre en España. Son constantes los requerimientos para renovar y reformar el CGPJ. El último hace dos semanas, cuando la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, visitó nuestro país para alentar una solución que sea "lo más neutral e independiente posible, no politizada".

La comisaría recordó que en casi todos los Estados miembros son los jueces quienes eligen a ese órgano y no los partidos políticos, que es precisamente la estrategia que predica el PP.

La auto enmienda del PSOE para controlar el TC

El pasado 12 de junio venció el mandato de cuatro magistrados del TC, dos de los cuales deben ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ, que no puede al estar en funciones. El PSOE echó un pulso al Constitucional lanzando la idea de que podía nombrar a sus magistrados y que tomaran posesión, pero desde el tribunal de garantías no hay debate posible, se renueva por tercios.

La amenaza de una crisis institucional entre Gobierno y TC llevó al Ejecutivo a maniobrar con una proposición de ley para sortear el bloqueo del Consejo para así nombrar a dos magistrados de TC y garantizarse la ansiada mayoría progresista en el tribunal de garantías. Todo en una etapa clave del Constitucional, que deberá fiscalizar en los próximos meses la agenda social de Sánchez.

¿Y ahora qué?

Este último capítulo amenaza con implosionarlo todo. Porque el puente con Feijóo se ha roto. Porque Podemos reprocha a Sánchez su unilateralidad. Porque el Supremo ve como la renovación del Consejo quedará en el aire y sus vacantes sin cubrir. Porque el ambiente se ha caldeado en el CGPJ con un grupo liderado por nueve vocales conservadores que se ha movilizado contra la reforma de Sánchez.

Porque las asociaciones miran nuevamente a Europa en busca de amparo y vuelven a la carga con su enésima petición para reformar el sistema de elección. Porque la Comisión Europa previsiblemente volverá a tirar de las orejas a España en su inminente informe sobre el Estado de Derecho en nuestro país. Y en diciembre, harán cuatro años.

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