Bildu salva la ley de Memoria Histórica del Gobierno tras pactar llegar a los GAL
El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha comentado que el espacio temporal acotado es el oportuno para "profundizar y esclarecer" hechos de forma "rigurosa y pormenorizada".
El Gobierno ha salvado la ley de Memoria Democrática en el Congreso tras pactar varias enmiendas con EH Bildu, entre ellas una que amplía su aplicación temporal de 1978 a finales de 1983, año de inicio de la actuación de los GAL, la organización terrorista dedicada a la 'guerra sucia' contra ETA.
En concreto, la enmienda acordada entre el PSOE, Unidas Podemos, EH Bilud y Más País plantea designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación".
Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el mismo objetivo, pero con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982, durante los primeros años de la democracia.
Fuentes de EH Bildu han confirmado a Efe que, al ampliar un año este margen temporal, pretenden abordar el inicio de los GAL, que comenzó a actuar en diciembre de 1983, durante el Gobierno de Felipe González, cuando tres individuos secuestraron en su domicilio de Hendaya (Francia) a Segundo Marey, vinculado a los círculos vasco-españoles residentes en Francia.
Preguntado sobre este asunto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, se ha limitado a comentar que el espacio temporal acotado es el oportuno para "profundizar y esclarecer" hechos de forma "rigurosa y pormenorizada".
Además, ha pedido prudencia respecto a la redacción definitiva de la ley, ya que este martes se han aprobado enmiendas en la ponencia pero queda pendiente de aprobar el dictamen en comisión el lunes 4 de julio y, más adelante, la aprobación de la norma en el pleno del Congreso, previsiblemente el 14 de julio.
No obstante, fuentes socialistas y de Unidas Podemos han advertido de que el límite temporal establecido para la aplicación de la ley en la enmienda pactada con EH Bildu y Más País no señala casos concretos.
Más allá de la polémica que pueda haber con este asunto, lo cierto es que el acuerdo alcanzado con EH Bildu ha permitido al Gobierno salvar la ley de Memoria Democrática sin que sea necesario el apoyo de ERC, que se ha abstenido en la votación de las enmiendas en ponencia para "facilitar que la negociación siga en comisión".
La diputada de ERC Carolina Telechea ha declarado a los medios que están "muy lejos del sí" a la ley de Memoria Democrática, aunque negociarán "hasta el final" para introducir más modificaciones en una norma muy "importante" para su partido, como una auditoría para conseguir la reparación patrimonial de las víctimas del franquismo.
"Si esta ley de memoria quieren que lleve el sello y la firma de ERC, tiene que ser una ley que garantice de verdad esa justicia y esa reparación a todas las víctimas que sufrieron durante el franquismo y la dictadura", ha dicho.
Con todo, en ERC están satisfechos con algunas de las enmiendas pactadas con otros grupos al ser en muchos casos peticiones que ellos mismos habían solicitado, como declarar ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, lo que supondrá la nulidad de todas sus condenas.
Fuentes de Unidas Podemos han destacado que en la ponencia han salido adelante el grueso de las enmiendas pactadas con sus socios de Gobierno del PSOE, entre ellas la aplicación del derecho internacional para permitir investigar y juzgar los crímenes del franquismo, más allá de la ley de amnistía de 1977.
Entre las 19 enmiendas transaccionales pactadas y aprobadas este martes en ponencia destaca una de PDeCAT para considerar "víctimas a las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega" cuyos habitantes "fueron perseguidos por hacer uso de éstas".
Por su parte, Más País ha acordado con el Gobierno una enmienda para que puedan adquirir la nacionalidad española los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que perdieran la nacionalidad "como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual".
Y el PNV ha pactado garantizar a los interesados y a sus herederos el acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de copias, eliminando en algunos casos las restricciones previstas en la Ley de Patrimonio Histórico.
La ley de Memoria Democrática, aprobada en Consejo de Ministros en julio de 2021 y cuya tramitación parlamentaria ha sido reactivada recientemente, actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha expresado su rechazo a la nueva ley, ya que cree que "sigue ocultando quienes fueron los golpistas de 1936", no va a indemnizar a las víctimas y "supone la pérdida de una oportunidad para derogar la legislación de la amnistía de 1977".
