Pedro Sánchez afronta este jueves un debate complicado en el Congreso. El presidente del Gobierno comparece, no 'motu proprio' sino obligado por la oposición y el grueso de sus aliados parlamentarios, para hablar del 'caso Pegasus'. Hasta ahora, ninguno de los pasos del Ejecutivo ha servido para zanjar la crisis abierta, fundamentalmente, con Esquerra, uno de los principales afectados por el espionaje con el 'malware' de fabricación israelí, pero el Gobierno continúa apelando a la necesidad de restituir el diálogo y la confianza. Sobre la mesa, ronda la promesa de reformas legales.

Sánchez ya dejó caer en la sesión de control del pasado miércoles su disposición a apoyar cambios en la ley del CNI para reforzar los controles judiciales. Lo hizo en respuesta a una pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban. Los nacionalistas registraron hace unos días una proposición de ley que apunta en esa dirección. Pero también el Defensor del Pueblo señaló su conveniencia en el informe que publicó el pasado 18 de mayo sobre el espionaje a políticos y activistas secesionistas desvelado por 'The New Yorker'.

Una semana antes, ante la Comisión Constitucional, el minisro de la Presidencia, Félix Bolaños, también se comprometió a aprobar, por fin, este mismo año una nueva ley de secretos oficiales, una vieja exigencia del PNV a la que durante esta crisis se han sumado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o el líder de Más País, Iñigo Errejón.

El pulso

Lo previsible es que Sánchez insista, durante su intervención, en esa línea. Pero está por ver que los independentistas lo consideren suficiente. El cese de la directora del CNI, Paz Esteban, es el único movimiento que ha logrado rebajar en cierta medida las tensiones entre el Ejecutivo y algunos de sus socios, al precio de soliviantar al PP, Ciudadanos y Vox por lo que consideran un cesión injustificada a los "enemigos del Estado".

Todo lo demás -el cambio de las reglas de juego para constituir la comisión de secretos oficiales o la propia investigación del Defensor del Pueblo- no ha tenido efecto. Y el hecho de que el Supremo haya accedido a revisar los indultos a los condenados del 'procés' tampoco ayuda. En el Ejecutivo esgrimen que ERC se siente presionado por sus socios en el Govern -JxCat- y no se atreve a pasar página. Lo cierto es que ni se ha celebrado aún el encuentro pendiente entre Sánchez y Aragonès, a pesar de que ambos llevan más de quince días tratando de cuadrar agendas. Tampoco hay fecha para la mesa de diálogo.

La de este jueves, en todo caso, no será solo una sesión complicada por el espionaje. El Gobierno se enfrenta una vez más a una votación, esta vez la de la ley audiovusual, sin seguridad plena de sacarla adelante. ERC que arrancó en diciembre al Ejecutivo el compromiso de destinar 15 millones anuales para producir contenido series y películas en catalán y otras lenguas cooficiales, apoyó hace siete días el dictamen del proyecto en la comisión de Asuntos Económicos.

El texto salió adelante con sus votos, los del PSOE, los del PNV y los de Podemos. Pero el socio minoritario de la coalición amenazó después con retirar su apoyo por un cambio de última hora que perjudica a las productoras independientes. El PSOE analizaba este miércoles una enmienda conjunta de los morados, los republicanos y Bildu que podría ser clave.