La nueva ley de Igualdad incluirá una baja para que las mujeres se recuperen física y anímicamente tras un aborto

Los centros de salud sexual darán gratis la píldora del día después, según el anteproyecto que ayer aprobó el Consejo de Ministros.

Irene Montero, durante la comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros.
Irene Montero, durante la comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros.
Alejandro Vélez/EP

La nueva ley del aborto, cuyo anteproyecto aprobó este martes el Gobierno, incluye una baja para las mujeres que sufran una interrupción del embarazo, sea voluntaria o indeseada. La convalecencia, sin duración fija, busca paliar situaciones de incapacidad tanto física como anímicamente. Se suma a las dos bajas ya desveladas, una incapacidad temporal pionera en Europa para mujeres con menstruaciones muy dolorosas y la instauración de un permiso prenatal.

La futura ley, promovida por el Ministerio de Igualdad, garantiza que la mujer que acude a abortar (elija quirúrgico o farmacológico) tenga acompañamiento especializado y que las autonomías creen centros de atención sexual y reproductiva que darán gratis la píldora del día después (cuesta 20 euros en farmacias).

Las prestaciones que crea la norma tienen un coste de 104 millones al año, con el permiso prenatal (57 millones), la baja menstrual (24) y la licencia por aborto (7,8) como gastos principales. Son 30 millones menos del cálculo inicial, pues no habrá IVA cero para compresas, copas y tampones -se cayó del borrador del equipo de Irene Montero durante la negociación con Hacienda-, como también desapareció, en este caso por el 'no' de Justicia, la habilitación a los jueces para perseguir a las parejas españolas que contraten vientres de alquiler en otros países.

El texto puede sufrir cambios. Ahora recibirá las alegaciones del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado antes de la aprobación final del Consejo de Ministros. Se usará la tramitación de urgencia para que pueda llegar al Congreso lo antes posible y entre en vigor en los primeros meses de 2023. Estos son algunos de los puntos principales:

Libre en las primeras 14 semanas

Los plazos no varían respecto a la ley de 2010. El límite para la interrupción voluntaria del embarazo son las primeras 14 semanas de gestación, pero permite la interrupción hasta la 22 si se dan malformaciones fetales o riesgo vital para la madre.

Sin permiso paterno

Revierte el cambio que el PP hizo en solitario en 2015. Las chicas de 16 y 17 años o con discapacidades ya no precisan de permiso paterno para poder abortar.

Sin período de reflexión

Suprime el período de reflexión de tres días, el tiempo que por ley debía esperar la mujer antes de ratificar su intención de abortar, dejará de recibir el sobre sellado con la información acerca de ayudas de apoyo a la maternidad.

En hospitales públicos

El punto central de la nueva ley es que garantiza los abortos en hospitales públicos. Para lograrlo, regula de forma más estricta la objeción de conciencia. Habrá un registro autonómico para que las autoridades organicen los servicios y aseguren que siempre hay un especialista preparado. La objeción será personal, previa y vetará los abortos tanto en la pública como en la privada.

Lo más cerca posible de casa

La mujer tendrá derecho a que la interrupción se haga en el centro público más cercano a su casa, esté en su región o en una vecina. Se quiere acabar con el suplicio de muchas españolas que han tenido que recorrer cientos de kilómetros porque donde viven ni un solo centro practica abortos.

Nuevo teléfono específico

Un nuevo teléfono gratuito, tipo 016, informará a las embarazadas, les ayudará a elegir método abortivo, las dirigirá al hospital o centro indicado y les dirá qué hacer si les ponen trabas.

Métodos de última generación

La ley garantiza la financiación pública de todos los métodos anticonceptivos hormonales (pastillas, parches, anillos o dispositivos intrauterinos), con preferencia de los de última generación. En un año habrá campañas en los institutos, centros sociales y prisiones en las que se distribuirán métodos anticonceptivos de barrera, tanto masculinos como femeninos.

"Se acabó ir empastillada"

Crea una baja específica para que mujeres con menstruaciones muy dolorosas e incapacitantes puedan descansar en casa. La baja será sufragada por el Estado y no fija número de días concreto. No hay topes, será el médico quien determine la duración. No hará falta tener un mínimo de tiempo cotizado. "Se acabó ir empastillada al trabajo para aguantar el dolor", sentenció este lunes Montero.

Se mantiene la 'tasa rosa'

Al final, se mantiene la 'tasa rosa'. No habrá supresión del IVA de los productos de higiene femenina. Hacienda ni siquiera ha cedido en bajar del actual 10% de IVA al tipo superreducido del 4%. Montero asegura que la rebaja al 4% se logrará para 2023. Lo que sí prevé la ley es el reparto gratuito de estos productos en institutos, prisiones, centros de la mujer y centros cívicos y sociales.

Permiso prenatal

Todas las embarazadas tienen derecho a una baja desde la semana 39 hasta el parto. Ha menguado durante la negociación. Igualdad lo pedía desde la semana 36. Al final, las embarazadas tendrán de media de una semana en vez de las cuatro que se barajaban inicialmente.

Multas a intermediarios

La gestación subrogada es una práctica ilegal en España que ahora pasa a definirse como "explotación reproductiva" y como un acto de violencia contra la mujer. Se prohibirá y sancionará la publicidad de los intermediarios (agencias, clínicas y abogados) que burlan la ley poniendo en contacto a españoles con vientres de alquiler en el extranjero y gestionando el proceso.

Fin de cesáreas abusivas

Los hospitales tendrán protocolos idénticos de buenas prácticas médicas en todas las etapas del embarazo, especialmente en el parto y el posparto. Se deberá recabar siempre el consentimiento informado de la paciente, que será quien decida qué procedimientos autoriza y cuáles no. Se perseguirá el abuso de cesáreas o de episiotomías.

Otras violencias contra la mujer

Además de la gestación subrogada, el texto incluye también explícitamente como formas de violencia contra la mujer, prohibidas y perseguibles en España, la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad y el embarazo y aborto forzados.

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