Tenso cruce de acusaciones en las Cortes por la compra de mascarillas en la pandemia

El Gobierno de Aragón compró mascarillas y de guantes sanitarios a un proveedor holandés por 244.570 euros, de los que no se ha aportado ni la factura ni el documento de recepción del material.

Pleno en las Cortes de Aragón.
Pleno en las Cortes de Aragón.
Oliver Duch

La compra de mascarillas y de guantes sanitarios a un proveedor holandés al inicio de la pandemia por 244.570 euros ha provocado este viernes un tenso cruce de acusaciones y de reproches en el pleno de las Cortes de Aragón entre la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, y la parlamentaria del PP Carmen Susín.

Una situación que se ha producido con motivo de la interpelación de urgencia planteada a la consejera por los populares en relación a una compra sobre la que la Cámara de Cuentas de Aragón hizo constar en su informe de fiscalización de la Comunidad correspondiente a 2021 que no se había aportado ni la factura ni el documento de recepción del material.

En su intervención inicial, la diputada popular, que ha calificado de "escándalo" la situación originada, ha instado a la consejera a que aclarase si había llegado el material sanitario adquirido, los motivos por las que no se había aportado factura y las causas por las que se autorizó el gasto en contra de los criterios de su departamento de Intervención.

Susín también se ha interesado en conocer si ese material, en el caso de haber sido recibido, cumplía con los controles de calidad y la certificación necesarias y fue finalmente distribuido entre las residencias.

Y le ha instado, asimismo, a aclarar si otros miembros del Gobierno aragonés conocían la operación realizada, así como la persona que informó del contacto del proveedor.

En respuesta a estas críticas, la consejera ha contextualizado el momento en el que se produjo la compra, al inicio de la pandemia, cuando las administraciones, ha añadido, debían de hacer frente a la "triste realidad" de la falta de equipos de protección y a la necesidad de localizar proveedores.

Broto ha explicado que en ese momento se optó por hacer un pedido adaptado a las necesidades de material para un periodo de dos semanas, que se realizó en el marco de un real decreto de medidas urgentes que permitía realizar pagos anticipados.

Ha añadido que el material llegó al aeropuerto de Zaragoza el 26 de abril de 2020 en un vuelo de Qatar Airways y que tras su recepción fue sometido a un test de calidad por parte de un auditor externo que concluyó que las 70.000 mascarillas quirúrgicas recibidas cumplían con la certificación exigida mientras que las 7.000 FFP2 carecían de idoneidad.

La consejera ha destacado que una disputa con el proveedor holandés, que reclamó el pago de otros 16.000 euros por 3.000 mascarillas FFP2 extras que añadió en el pedido, impidió finalizar el expediente administrativo referido a la factura y al documento acreditativo de la recepción.

En cualquier caso, ha resaltado, que "no hubo quebranto alguno" en la compra de dicho material y que fue distribuido al personal sanitario, a excepción de las mascarillas FFP2 por carecer de la certificación exigida.

En su segunda intervención, la parlamentaria popular ha acrecentado sus críticas a la consejera al afirmar que las referidas mascarillas se enviaron al Hospital de Teruel, y que al ser cuestionada su idoneidad por los profesionales, fueron enviadas a la residencia de Albarracín.

A su juicio, se incurrió en una conducta de "imprudencia temeraria" derivada de la entrega de un material no adecuado a los profesionales sanitarias, subrayando que "alguien tendrá que asumir responsabilidades por distribuir material no adecuado a las residencias".

En su turno de réplica, la consejera, afectada emocionalmente durante su intervención, se referido a los "momentos duros" vividos a lo largo de la pandemia, antes de reprochar al grupo popular el servirse de esta cuestión para cargar contra el Gobierno aragonés.

"No les importa erosionar el sistema con tan de deteriorar al Gobierno", ha resaltado Broto, quien ha negado que las mascarillas que carecían de la certificación de calidad necesaria fueran repartidas en las residencias.

Se ha mostrado convencida, además, de que tanto la Cámara de Cuentas como el conjunto de grupos políticos del Parlamento aragonés, incluido el PP, son conocedores de que ese material sanitario fue finalmente recibido

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