La fiscalía se suma a la petición de sobreseimiento del caso Gali
En su recurso, también da credibilidad a las afirmaciones hechas como testigos del comisario general de Información de la Policía Nacional y del director adjunto operativo (DAO) del Ministerio del Interior.
El ministerio fiscal se ha sumado a la petición de la Abogacía del Estado de sobreseimiento provisional de la causa penal que se sigue en Zaragoza contra la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento en la supuesta entrada ilegal en el país del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en abril de 2021.
En su recurso contra el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza que acuerda el archivo de la causa sólo con relación al exjefe de Gabinete de Laya, Camilo Villarino, el fiscal argumenta que la instrucción no aporta evidencias de que la exministra hubiera tratado de ocultar la presencia de Gali al conocer la existencia de una orden de localización por parte de la Audiencia Nacional.
Este recurso, al que ha tenido acceso Efe, se suma a los interpuestos ante la Audiencia de Zaragoza por la Abogacía del Estado, que se sirve de argumentos similares a los del ministerio público, y por el representante de una de las acusaciones populares, el letrado malagueño Antonio Urdiales, que reclama el mantenimiento en la causa de Villarino como investigado.
La fiscalía da validez en su escrito a las declaraciones hechas por la ministra cuando afirmó que no había verificado la situación judicial de Gali y que si hubiera sabido de algún requerimiento "nunca hubiera permitido" la entrada de esta persona en el país.
También da credibilidad a las afirmaciones hechas como testigos del comisario general de Información de la Policía Nacional, que aseguró desconocer la existencia de un requerimiento, y del director adjunto operativo (DAO) del Ministerio del Interior, quien dijo a su vez no saber quien era Gali.
Según el fiscal, en cuanto se conoció la existencia del requerimiento hecho por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se informó de la presencia del líder polisario en el país y se le tomó declaración en el hospital de Logroño en el que fue ingresado para ser tratado de un covid agravado.
Destaca el ministerio público que el lapso temporal entre la entrada de Gali en España a través de la base aérea de Zaragoza y la comunicación hecha a la autoridad judicial "es tan breve que carece de relevancia alguna" para configurar una acusación por una presunta prevaricación.
Estos argumentos, empleados previamente por la Abogacía del Estado en defensa de Laya y de Villarino, son rechazados en su recurso por el referido letrado de la acusación popular, para quien ambos excargos ministeriales son responsables de presuntos delitos de prevaricación y de encubrimiento.
En su escrito, al que también ha tenido acceso Efe, este letrado cuestiona que los referidos altos cargos desconocieran la existencia de dos causas por genocidio y terrorismo contra Gali y otros activistas polisarios en la Audiencia Nacional y que la entrada sigilosa y sin control de fronteras fuera por motivos humanitarios y para salvaguardar los intereses de país.
En concreto, Urdiales pregunta a la Audiencia de Zaragoza "si la Justicia va a permitir que los más altos cargos del Gobierno consuman un plan delictivo destinado a introducir clandestinamente a este individuo y a otros por un aeropuerto militar, utilizando a los más altos cargos de nuestras fuerzas armadas en la ejecución del mismo".
