Policía y CNI monitorizan la presencia de milicianos españoles en la guerra de Ucrania
La Audiencia Nacional ya desbarató en 2015 una operación de Interior contra 11 voluntarios que combatieron con los prorrusos al no ver delito.
La Comisaría General de Información de la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vigilan el desplazamiento de ciudadanos españoles a Ucrania para formar parte de grupos paramilitares. Desde los servicios de seguridad son conscientes que con el comienzo de la «operación especial» rusa en la región del Donbass se ha producido un «efecto llamada» para los voluntarios que se integran en milicias populares de ambos bandos, señalan las fuentes jurídicas consultadas.
En esta lista se incluyen nacionales españoles con experiencia militar o idealistas que se mueven por una cuestión meramente ideológica. Este es el caso de Miguel, un joven de 23 años oriundo de Tarragona que se ha enrolado en las filas del batallón ultranacionalista ucraniano Azov tras una semana de entrenamiento «intenso». «Mi intención es parar a Rusia y defender al pueblo ucraniano. Que deje de comerse el este (de Europa)», declaró el sábado desde Kiev este combatiente, bautizado como 'el conquistador', al corresponsal de la televisión pública vasca.
Con las cautelas propias de la guerra de la desinformación, el Ministerio de Exteriores ucraniano ha cuantificado en 22.000 hombres de 52 países el número de brigadistas llegados desde el inicio de la invasión. Sobre todo desde el llamamiento del presidente Volodimir Zelenski para luchar «codo con codo contra los criminales de guerra rusos». Para ello se han habilitado puntos de información en sus sedes diplomáticas en el extranjero para facilitar el desplazamiento.
Conscientes de la avalancha de milicianos llegados a Ucrania, el presidente ruso Vladímir Putin respondió el pasado viernes al expresar su respaldo a los «voluntarios» que quieran llegar al Donbass para ayudar a la población rusófona. Su cometido se enmarca en un «movimiento de liberación» y, según afirmó Putin, se han recibido ya 16.000 solicitudes, la mayoría de ciudadanos de países de Oriente Próximo que combatieron en su momento contra el Daesh en Siria e Iraq.
El trabajo de campo de los servicios de información españoles consiste en monitorizar la entrada a territorio ucraniano de estos milicianos con la ayuda de las autoridades de los países fronterizos (Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía) y hacer un seguimiento pormenorizado en sus perfiles de redes sociales y foros de acceso restringido, donde suelen colgar fotos y vídeos de sus andanzas en el frente de guerra.
Operación Danko
Este cometido no es nuevo, ya que tras la anexión rusa de Crimea en 2014 la Policía puso en marcha una operación, bautizada como Danko, para tratar de poner coto a este fenómeno emergente de españoles que viajaron a Ucrania. Estos combatieron fundamentalmente al lado de los grupos separatistas prorrusos y la intención del Ministerio del Interior era advertirles de las consecuencias penales de sus actos.
Así, la madrugada del 27 de febrero de 2015 fueron detenidos ocho de los 11 acusados en Gijón, Cartagena, Barcelona, Cáceres, Pamplona, Alcorcón y Madrid. La operación comandada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional -tribunal competente para investigar los delitos cometidos por españoles en el extranjero- les imputó la presunta comisión de cooperación o complicidad en asesinatos y homicidios y tenencia y depósito de armas.
Estas actividades pueden ser constitutivas de delitos que comprometan la paz o la independencia del Estado, al tratarse de españoles que, al participar en el conflicto armado, violentan la neutralidad que su país ha de mantener en relación con la comunidad internacional. El Código Penal lo castiga con penas de entre cuatro y ocho años de cárcel.
Sin embargo, en una auto de octubre siguiente, el juez Santiago Pedraz -con el criterio favorable de la Fiscalía- archivó la causa al no haber resultado «debidamente acreditado» que los investigados hubieran combatido en Ucrania más allá de la posesión de armas de guerra exhibidas en fotos y vídeos incautados en los registros. Por lo tanto, la operación del Ministerio del Interior quedó desbaratada.
