Servicios jurídicos del Estado reciben las sentencias sobre el retorno de los menores marroquíes

A pesar de que los documentos saliesen este jueves, ha sido durante la mañana de este viernes que han sido recibidos por estos servicios

850 menores inmigrantes permanecen en la ciudad española de Ceuta
Llegado de menores marroquíes a Ceuta el pasado mes de mayo
Brais Lorenzo

Los servicios jurídicos del Estado han recibido en la mañana de este viernes las dos sentencias que obligan a la Delegación del Gobierno en Ceuta a que retornen a España varios menores que fueron repatriados a Marruecos el pasado agosto, por entender que se han vulnerado sus derechos fundamentales al existir "un riesgo relevante" de caer en "situación de abandono".

Según han informado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno, durante la jornada de este jueves -cuando se dio a conocer la resolución judicial- no se habían recibido estos documentos judiciales, lo cual se ha producido la mañana de este viernes.

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado a Efe que esta mañana se ha recibido la sentencia mientras que en la ciudad no se hará ninguna valoración al respecto.

La resolución da un plazo de 15 días para presentar el recurso correspondiente.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta dictó este jueves dos sentencias, a las que ha tenido acceso Efe, en las que se ordena a la Delegación del Gobierno que cese en el operativo de expulsión de estos menores y "adopte las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados".

De esta forma, el juez da la razón a la Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios que presentaron recursos en agosto en nombre de 20 menores marroquíes contra el proceso de expulsión que culminó con 55 expulsados, que habían entrado en Ceuta cruzando la frontera del Tarajal durante las avalanchas de los días 17 y 18 de mayo.

Estos 20 niños fueron acogidos por el área de infancia de la ciudad autónoma y alojados en naves industriales en el Polígono Industrial del Tarajal y después en el Polideportivo Municipal de Santa Amelia, donde residieron hasta el comienzo de las repatriaciones el 13 de agosto, según informan las organizaciones.

Así, el juez estima la demanda por vulneración del derecho a la integridad física y moral y a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes reconocido en la Constitución.

Por el contrario, considera que no consta acreditada la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal de los menores, desestimando las demandas en este extremo.

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