Las lagunas del contrato que ha hecho saltar las costuras del PP

La Comunidad, que recurrió a una empresa sin experiencia en el sector sanitario, no ha revelado en concepto de qué comisionó Tomás Díaz Ayuso

Rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Javier Lizón

El expediente A/SUM-011225/2020 no es, desde luego, un contrato de la administración al uso. Y no solo porque fue una adjudicación a dedo y por "trámite de emergencia" en pleno estado de alarma. En realidad, la Comunidad de Madrid, como la práctica totalidad de las administraciones, recurrió en 5.000 ocasiones en 2020 a esta figura para conseguir material sanitario en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

El contrato de las mascarillas que el PP utiliza como artillería contra Isabel Díaz Ayuso, al margen de las tramas de espionaje, tiene todavía muchas sombras y dudas más allá de la excepcionalidad temporal en la que se firmó, el 1 de abril de 2020, en plena crisis mundial por falta de tapabocas.

La primera gran incógnita que no ha despejado aun ni la presidenta ni la Consejería de Sanidad es por qué el Gobierno regional recurrió para conseguir mascarillas a Priviet Sportive SL, la empresa de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de Tomás e Isabel, cuando esta compañía no tenía ninguna experiencia en el sector sanitario. Es más, sigue sin tenerla.

Priviet, una firma pequeña con solo ocho empleados, tiene como objeto social la "confección, fabricación y venta al por mayor y al por menor de artículos para el vestido y el tocado de caballero y señora".

El perfil de esta compañía, que habitualmente se dedicaba a la comercialización de camisetas y equipaciones deportivas, es, no obstante, extraño, ya que tuvo una "ampliación de objeto social" para algo totalmente diferente a la confección textil: "la explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética de fincas rústicas".

Sea como fuere Priviet Sportive, que nunca antes había trabajado con la Comunidad de Madrid y que nunca luego lo ha vuelto a hacer, se llevó un contrato de 1.512.000 euros (con IVA). La adjudicación se firmó 1 de abril de 2020 y solo diez días después aquella empresa sin experiencia alguna y en un contexto de crisis mundial de mascarillas entregó en IFEMA las 250.000 tapabocas FPP2 y FPP3 prometidas.

La adjudicación del Gobierno regional supuso para Priviet más de un tercio de sus ventas en 2020, ya que la empresa del amigo de los Ayuso facturó ese año 4,3 millones.

"Intermediación"

Priviet Sportive, que jamás había tocado (ni ha vuelto a hacerlo) el negocio sanitario, acabó pagando una comisión por el concepto de "intermediación" a Tomás Díaz Ayuso, según han confirmado diversas fuentes a este periódico. La propia presidenta ha reconocido que su hermano tuvo "relaciones comerciales" con Priviet.

Lo cierto es que el hermano de Ayuso, a diferencia de su amigo Daniel Alcázar, sí que tenía capacidad para conseguir el 'milagro' de conseguir tapabocas en plena crisis: es o ha sido administrador, gerente o director comercial de al menos cinco empresas del sector sanitario y con sobrada trayectoria de importación de material médico: Sismédica SL, Gala Médica SL, Pulsión Medical Systems AG, Mindray Medical y Cardiac Science.

Sin embargo, ninguna de esas empresas, con mucha más facturación y especialización de Priviet, optó a un contrato con la Comunidad. Una adjudicación de este tipo a una empresa directamente relacionada con Tomás Díaz Ayuso habría hecho saltar todas las alarmas de inmediato.

¿Qué hizo el hermano de Ayuso para comisionar? Esa es la gran pregunta todavía no resuelta. Según diversas fuentes Tomás Díaz Ayuso se embolsó cerca de 286.000 euros por su intermediación. ¿Existe algún contrato que acredite ese pago? ¿Se declaró a Hacienda esos ingresos?

Hay otros temas menores en ese contrato que llaman la atención a los expertos. La administración madrileña hizo una corrección al documento de la adjudicación. En principio, la fecha de firma que figuraba en el contrato era 24 de marzo, sin embargo luego se pospuso al 1 de abril sin que conste el motivo del cambio de la fecha.

Otro de los asuntos llamativos es el precio redondo unitario por mascarilla (5 euros), algo insólito en compras de este calado en el que se discute al máximo hasta el último céntimo y máxime teniendo en cuenta que los tapabocas eran de dos tipos diferentes (FPP2 y FPP3) con diferentes precios en el mercado.

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