Teresa Ribera: "La luz seguirá alta hasta bien entrado 2022 y el gas dependerá de Ucrania"
La vicepresidenta tercera no ve razonable que el Estado asuma todo el coste de amortiguar el alza del recibo y las eléctricas no lo hagan.
No hay tregua en la que ya se ha convertido en una de las mayores crisis energéticas de las últimas décadas, ni siquiera con la llegada del nuevo año. El precio de la electricidad sigue elevado para preocupación de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; una circunstancia que ahora se ve agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania y su previsible «impacto en los consumidores de gas». La vicepresidenta tercera del Gobierno insiste en que no pueden ser solo los contribuyentes, a través de los Presupuestos, los que carguen con las medidas para amortiguar los recibos. E incide en que las empresas del sector deben asumir su parte, que ninguna compañía quiere construir nuevas nucleares y que el PP pide ahora medidas que nunca puso en marcha en los años en los que estuvo al mando en La Moncloa.
-Estamos viviendo un momento crítico en la frontera de Ucrania y Rusia. ¿Le preocupa el impacto en el precio del gas?
-Me preocupa mucho la situación en esa frontera y la dinámica que representa. Es reflejo de una tensión que no es para nada sencilla de resolver, una tensión geopolítica y de diferencia de perspectiva con respecto a las relaciones entre Estados. Y evidentemente, me preocupa el impacto que pueda tener en el mercado del gas. El gas ruso no es fundamental en España. Ese es un elemento de tranquilidad importante. Pero es obvio que estamos en mercados globalizados y la evolución del precio de un proveedor tan relevante para el mundo, y en particular para Europa, como es Rusia acaba impactando en cadena en todos los consumidores de gas.
-La electricidad tampoco da tregua. ¿Hasta cuándo veremos precios tan elevados, por encima de los 200 euros por megavatio/hora, de los que no baja?
-Con mucha prudencia, nuestro horizonte es que se van a mantener altos mientras dure la crisis del gas y no se tomen medidas adicionales por parte de Europa. Y esto se puede prolongar en unos cuantos meses y bien entrado el año. En cualquier caso, evaluamos y acotamos la respuesta que hemos dado desde el Gobierno y estamos preparados para poder seguir respaldando a las familias y pensar si podemos acometer nuevas medidas de respaldo a la industria.
-España lleva meses pidiendo a sus socios europeos una actuación conjunta, pero hasta ahora se han negado.
-Teníamos un problema, el del precio del gas, y ahora tenemos dos, con el de la electricidad. Por eso insistimos en que deberían tomarse medidas urgentes, extraordinarias, acotadas en el tiempo, para atenuar el impacto del precio del gas en el de la luz. Las medidas que tomamos los gobiernos para paliar este problema pasan por la vía presupuestaria. Eso provoca que cada vez se acumulen más recursos del conjunto de la economía europea a este problema. No tiene sentido movilizar una cantidad tan importante que podría ir a la recuperación facilitando medidas sociales o de transición energética.
-Pero no parece que haya un giro en la opinión de la UE.
-Ya hay una evolución importante en la posición de los gobiernos con debates cada vez más abiertos. Por eso, no nos vamos a quedar quietos. Tenemos que seguir adoptando todas las medidas nacionales que podamos compatibles con el marco europeo. Pero también es nuestra obligación insistir en esa propuesta con Europa para cambiar temporalmente el mercado del gas. Porque la magnitud de esos efectos trasciende de la economía de un país. Nos vamos a encontrar con que aquel que tenga más capacidad fiscal va a poder acompañar mejor a sus familias y a su industria. Y quien tenga menos, no. Y eso provoca distorsión y deslocalización.
-El Gobierno aprobó en septiembre un paquete de medidas, que incluía un recorte a las eléctricas, pero que después se cambió. ¿Tanta fue la presión del sector?
-Si Europa no actúa como queremos, el siguiente plano del debate es plantear que no parece razonable que un desajuste tan importante se salde solamente con cargo al contribuyente y no haya ningún tipo de ajuste por parte del resto de los operadores que funcionan en el mercado. En septiembre optamos por aplicar una medida excepcional sobre el margen de beneficio extra que generaban las compañías. Aunque las empresas decían que eso no era así. Estamos a la espera de que acrediten eso, que mantuvieron precios y comprobar la magnitud de aquellos beneficios. Es posible que al final sea una cantidad muy inferior a la que inicialmente se pensaba. Pero también comprobaremos dónde se producen las ganancias en ese proceso de comercialización de la electricidad con el consumidor. Lo que sí es cierto es que no es neutro que de los Presupuestos se destinen más de 4.000 millones a cubrir a las familias. Porque son 4.000 millones que no se destinan a otra cosa. En lugar de pagar el consumidor, paga el contribuyente. Probablemente no es la opción más razonable desde el punto de vista de reparto de costes y beneficios. Cada una de las medidas que podamos adoptar no es neutra, porque no es lo mismo que paguen los contribuyentes que si se disminuyen los beneficios de las empresas.
-El PP le insta a sacar de la factura los costes no estrictamente ligados a la electricidad para aliviar el recibo. ¿Lo ve viable?
-Me siento enormemente decepcionada por lo que me he encontrado en el PP respecto a estas cuestiones. Ellos han creado la mayor parte de las cosas que ahora critican. Hubo un retraso en la estrategia de transición energética. Crearon impuestos especiales que ahora quieren suprimir. O adoptaron el impuesto al sol que nosotros hemos quitado. Ahora dicen que hay que pasar a Presupuestos unos cargos que ellos no cambiaron nunca. Y cuando llevamos al Congreso medidas de apoyo por el alza de la luz, votan en contra. Es frustrante no poder conversar sobre elementos sustantivos y no tanto sobre florituras y gracietas que no se ajustan a la realidad.
-¿Qué le parece la propuesta de algunos socios europeos de considerar 'verde' la energía nuclear?
-Lo que sabemos, y esto está enormemente contrastado a lo largo de los años, es que no hay apetito inversor por nuevas plantas nucleares en España. Ni siquiera porque en los emplazamientos donde hay plantas nucleares haya una renovación integral, ni por parte de las compañías propietarias de las plantas ni por parte de los inversores externos. Esto es así porque la apuesta desde el punto de vista del interés económico, de beneficios asociados, de rapidez y gestión de tramitación de todo está en otro lado, en el de las renovables.
-En materia de movilidad, los fabricantes temen que una rápida apuesta por el coche eléctrico afecte a sus plantas, ahora vinculadas a la combustión. ¿Debe España pisar el freno, pensando en los efectos laborales y económicos en los territorios con esas plantas?
-La mayor parte de las casas matrices francesas y alemanas ya han anunciado que dejarán de producir motores de combustión en 2035. Es decir, que su posición va más deprisa de los estándares actuales aprobados en la UE. Nosotros no nos vamos a distanciar de esa posición. Por eso creo que es clave asegurarnos que no vamos a perder ese tren de transformación al vehículo eléctrico y toda la industria asociada a ello. Puede haber desajustes o inquietudes, es verdad. Pero sería un contrasentido decir que aquí lo tenemos que hacer más despacio.
-La coalición de Gobierno vuelve a vivir tensiones que no se conocían desde que Yolanda Díaz sucedió a Pablo Iglesias y que afectan a cuestiones como la posición ante la situación de Ucrania, la ley de vivienda o la polémica sobre las macrogranjas. ¿Ese ruido perjudica la acción del Ejecutivo?
-Ha calificado bien. Yo creo que es esencialmente ruido. Es normal que tengamos nuestros matices y es muy importante que eso se resuelva con arreglo a dos criterios: el pacto de coalición y la orientación del presidente, que es el que ha obtenido la confianza de las Cámaras. Pero las diferencias no suelen ser tan relevante como a veces parece trasladarse a los medios.
-Cuando el ministro Garzón se refirió a las macrogranjas entró en un terreno que es competencia del ministro Planas pero también suyo, por la vertiente medioambiental. ¿Tuvo que morderse la lengua para no intervenir en un sentido u otro?
-Yo leí la entrevista en 'The Guardian' el mismo día que se publicó y, probablemente, hubo desacierto en la gestión del asunto. Tenemos que tratar con el respeto debido a las personas que hacen bien las cosas e incidir sobre la necesidad de seguir mejorando, pero no porque haya nada incorrecto, sino porque la gestión de las granjas industriales o las granjas de un tamaño mayor debe ir respondiendo a unos desafíos que se van acumulando. Aquí pareció que de repente se suscitaba un tema al que nadie prestaba atención y desde este ministerio veníamos haciendo muchas cosas. Por ejemplo, hemos declarado en riesgo el acuífero del Mar Menor y hemos denegado en la Confederación Hidrográfica del Duero el permiso de aguas ante la propuesta de autorizar una instalación de una macrogranja en Noviercas. Y hemos revisado toda la regulación del uso de nitratos.
-¿Sobreviviría la coalición a la votación en el Congreso de un eventual envío de tropas a Ucrania si la crisis entra en una deriva no deseada?
-No es recomendable hablar de futuros hipotéticos. Creo que contamos con un marco legal y de responsabilidades, tanto a nivel nacional como internacional, en el que se concierta la política exterior y la política de seguridad y defensa. También tenemos un marco de debate político nacional, en el que el Parlamento tiene un papel relevante, que debemos respetar. Pero permítame que no me pronuncie con respecto a cosas que espero que no se lleguen a materializar.
-Esta semana que entra promete ser de infarto con la convalidación del decreto de la reforma laboral. ¿Cree que sería un fracaso si saliera adelante con los votos de Ciudadanos y los partidos pequeños y no de sus aliados de la investidura?
-Bueno, una de las cosas que han quedado claras estos años es que la sociedad española es cada vez más plural, más compleja y con más matices, así que es muy difícil pensar en grandes tendencias hegemónicas; y uno tiene que encontrar consensos. En la configuración parlamentaria es capital gobernar con visión de conjunto y que los socios estables se sientan cómodos. Pero eso no significa que siempre y en cada uno de los casos vayamos estar de acuerdo.
-¿Es decir, que el hecho de que esta reforma no cuente con los votos de los aliados de la investidura no tiene por qué cambiar la dinámica de la legislatura?
-No, yo creo que es importante intentar que estén los socios de la investidura, pero puede ocurrir, en una geometría variable, que en determinados asuntos existan mayorías distintas. Hay que agradecer a los agentes sociales el sentido institucional que han mantenido y que están teniendo en este y otros ámbitos. El otro día, por primera vez, nosotros convocamos la mesa del diálogo social para para abrir un grupo de trabajo sobre los desafíos de la España despoblada. Y ellos entendieron que, efectivamente, tenían que trabajar en este campo, como lo han hecho con respecto a formación profesional o la educación.
-Al hilo de esto, ¿el hecho de que a las elecciones de Castilla y León hayan querido presentarse tantas agrupaciones bajo la bandera de 'la España vaciada' es síntoma de que algo no se está haciendo o comunicando bien desde su ministerio, que tiene el asunto entre sus prioridades?
-Bueno, yo diría que el principal interpelado en una comunidad que no ha dejado de perder población en los últimos 30 años es quien ha estado gobernándolos esos 30 años. Existe un sentimiento profundo de desigualdad en el acceso a servicios como la sanidad o la educación que son competencias autonómicas. Claro que, simultáneamente, tenemos que tener en el radar que estamos hablando de un problema de calidad de la democracia. El plan de recuperación incide mucho en este asunto. Pero no es fácil recuperar ese espacio en dos, tres, cuatro o cinco años.
