El Gobierno rechaza modificar la reforma laboral pese a la presión de sus socios
El ministro Bolaños apremia al PNV, ERC y Bildu para que apoyen la norma o, por contra, "tendrán que explicarlo bien a sus votantes".
El Gobierno se aferra al pacto entre sindicatos y patronal como un mantra para intentar contrarrestar la decepción que la nueva reforma ha causado entre sus socios de investidura, especialmente entre ERC y EH Bildu, cuyos diputados son clave para que el decreto ley se convalide en el Congreso tras la rotunda negativa del PP a apoyarlo. Aún resta un mes para tratar de atraerlos, pero en Moncloa no están dispuestos a cambiar ni una coma del texto, como este martes reconoció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
«Nosotros no queremos que esa norma sufra ninguna modificación porque se trata de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, que tiene equilibrios y es lo que hace singular a esta norma. No es un proyecto de ley del Gobierno, es un proyecto de ley que deriva de un acuerdo entre empresarios y sindicatos», defendió Bolaños en una entrevista en RNE. Todo ello un día después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abriera la posibilidad de introducir pequeños cambios «siempre que no se ponga en peligro el acuerdo».
El ministro de la Presidencia llegó advertir a PNV, Esquerra y Bildu de las supuestas consecuencias que tendría tumbar la reforma laboral de cara a sus electorados e hizo hincapié, esta vez en la misma línea que la titular de Hacienda, en que la norma reducirá la temporalidad en el empleo. «Quien vote no, quien esté en contra, tendrá que explicarlo bien a sus votantes», zanjó.
Sobre la convalidación en el Congreso, Bolaños detalló que «no tiene por qué tramitarse como proyecto de ley», como ha venido exigiendo el PP a lo largo de la última semana, todo pese a que la anterior reforma también se tramitó como decreto ley.
El titular de la Presidencia recordó que el plazo para convalidar la reforma laboral caducará el 7 de febrero. «Queda tiempo», aseguró, antes de insistir en que es «absolutamente de sentido común» que se apruebe por parte del Congreso «un acuerdo social con la importancia que tiene».
Lo cierto es que la reforma laboral se ha convertido en el primer quebradero de cabeza del Ejecutivo en 2022, un año en el que dará comienzo el nuevo ciclo electoral con los comicios de Castilla y León, convocados para el 13 de febrero, y que darán el pistoletazo de salida a once elecciones en 48 meses (con especial interés en las generales de finales de 2023).
En Moncloa confiaban tener la cuestión zanjada para entonces pero se han topado con las dudas de partidos como Compromís o Más País, para los que el texto es insuficiente y quieren que se acuerde tramitar la reforma como proyecto de ley para poder efectuar modificaciones. Esquerra, además, exige que primen los convenios autonómicos para apoyar la reforma laboral del Gobierno, en la misma línea que el PNV, pese a que los nacionalistas vascos consideran la reforma «un buen acuerdo».
El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent (ERC), fue más allá este martes y afirmó que la reforma laboral planteada por el Gobierno «no es la que quiere ni necesita Cataluña». Tampoco cree, en su opinión, que esté «a la altura del listón que se había marcado» la coalición.
Sembrar dudas
En paralelo, Ciudadanos no ha cerrado la puerta a convalidar el texto para, precisamente, evitar las modificaciones que esos partidos pretenden ejecutar. Mientras que el PP, pese a la incógnita inicial que despertaba su postura, se niega rotundamente a dar su visto bueno ya que entiende, como aseguró el lunes su portavoz en el Senado, Javier Maroto, que la reforma de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy «es eficaz» y no requería de cambio.
La portavoz del PP en la cámara baja, Cuca Gamarra, llegó este martes a sembrar dudas sobre que el acuerdo alcanzado entre la patronal, sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuente con el «apoyo unánime» de los empresarios. En una entrevista en Onda Cero reconoció que los términos que la CEOE «pone en su balanza» para apoyar la reforma son «distintos» a los de una formación con «obligación y responsabilidad» de legislar, en referencia a su partido. También negó contactos con otras formaciones para tumbar la norma. «Nosotros tenemos nuestros motivos para no apoyarla que es distinta a la que puedan tener otros partidos políticos», insistió.
