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El Defensor pregunta a la Generalitat cómo va a cumplir con el 25% de castellano y cómo protege al menor de Canet de Mar

Ángel Gabilondo ha pedido conocer "las medidas adoptadas o que se puedan adoptar por parte de esa Administración para la efectiva protección de la menor y su familia, singularmente en el ámbito docente y educativo".

Ángel Gabilondo, nuevo Defensor del Pueblo
Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo
EFE

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio ante la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña para conocer cómo está protegiendo a la menor de Canet de Mar (Barcelona) y a su familia ante la "presión social y política" a la que están siendo sometidos, tras haber reclamado clases en castellano. Además, pregunta sobre cómo va a cumplir con la aplicación de la sentencia que obliga a impartir un 25 por ciento de las clases en castellano, tal y como ha pedido la familia del menor.

Igualmente, solicita información de otros casos similares que se hubieran podido producir en dicha comunidad autónoma.

En concreto, el Defensor ha pedido conocer "las medidas adoptadas o que se puedan adoptar por parte de esa Administración para la efectiva protección de la menor y su familia, singularmente en el ámbito docente y educativo".

También reclama información sobre "los términos en los que hubiera acordado el ejercicio del derecho instando en aplicación de la legalidad vigente y la jurisprudencia en materia de utilización de lengua vehicular en la enseñanza", tanto en el caso concreto de la menor de Canet como en "otros supuestos similares que se hubieran podido plantear en el ámbito competencial de la Consejería de Educación".

Ángel Gabilondo ha transmitido a la Consejería su preocupación por la situación en la que se encuentra esta familia tras haber adquirido firmeza la sentencia Tribunal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano.

El Defensor advierte de que "el ejercicio de un derecho legalmente reconocido, y más aún si este tiene el respaldo de una sentencia judicial firme, no debiera generar perjuicios a quienes lo insten y corresponde a las administraciones públicas competentes adoptar las medidas precisas para evitarlos".

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