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Dieciséis detenidos por explotar a ciudadanos marroquíes en Valladolid

La 'Operación Alhucema' comenzó en 2019, donde ya hubo cinco detenidos, y ahora se han producido el resto de las intervenciones. Se les acusa de pertenencia a organización criminal y a las que se atribuyen delitos contra la seguridad social y los derechos de los ciudadanos, y de falsedad documental.

Operación Alhucema
Ruda de prensa de la Policía Nacional para anunciar la 'Operación Alhucema'.
NACHO GALLEGO

La Policía Nacional ha detenido a dieciséis personas en dos fases de investigación por presuntamente explotar a ciudadanos marroquíes como jornaleros del campo en Valladolid y, además, cometer fraude a la Seguridad Social, a través de la emisión de documentos falsos.

Según ha detallado este martes en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, en la segunda fase de la denominada "Operación Alhucema" se ha detenido a once personas, "a las que se acusa de pertenencia a organización criminal y a las que se atribuyen delitos contra la seguridad social y los derechos de los ciudadanos, y de falsedad documental".

Dicha operación comenzó en 2019 y, entonces ya detuvieron a cinco personas, pero la investigación se mantuvo y, en su segunda fase, ha permitido la detención de otras once, que no solo presuntamente explotaban a los jornaleros, sino que les ofrecían documentación falsa para regularizar su situación en el país.

El jefe de la Brigada Provincial de Valladolid de Extranjería y Fronteras, José Nieto, ha explicado que el grupo criminal operaba con dos sociedades mercantiles; una era una gestoría, a través de las que realizaban contratos de trabajo para los jornaleros, pero también les facilitaban reagrupaciones familiares o les permitían ser beneficiarios de prestaciones sociales.

Las personas que acudían a esta organización "perfectamente estructurada" pagaban entre 250 y 8.000 euros, dependiendo de lo solicitado: "Contratos ficticios de trabajo, con alta en la Seguridad Social y cumplimiento de las obligaciones tributarias o de alquiler de viviendas para obtener prestaciones por desempleo, o para regularizar su situación administrativa".

Esta operación, que ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Valladolid, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en otros puntos de España.

Así lo ha confirmado José Nieto, quien ha detallado que la investigación se mantuvo gracias a la denuncia de uno de los jornaleros explotados, un "testigo protegido" que facilitó los detalles de la gestoría vallisoletana que tramitaba los contratos falsos y que extorsionaba después a los trabajadores.

En este sentido, ha señalado que algunos de esos empleados del campo "trabajaban 16 horas, sobre todo los fines de semana, con el fin de evitar posibles inspecciones, y les hacían dar gran parte de su sueldo a la organización, por lo que algunos se encontraban en una situación de semiesclavitud".

Gracias a esta investigación se ha conseguido "desarticular la red principal", una vez fueron identificados tanto los empresarios implicados como los beneficiarios de la actuación irregular de la organización criminal, que debido a la situación existente en Marruecos, no pueden volver a su país.

Puesto que la operación continúa abierta, se prevé que "tengan lugar más detenciones en otros puntos de España, ya que en algunos casos los clientes residían fuera del país pero solicitaron el visado para poder entrar o para percibir prestaciones, y los miles de euros que se han defraudado a la Seguridad Social podrían ser más", tal y como ha apuntado Nieto. 

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