JxCat pide indemnizar con 60.000 euros a herederos de víctimas del franquismo
El partido político considera que la ley debe incluir una previsión de indemnización para víctimas franquistas y en concreto para quienes "murieron ejecutadas en cumplimiento de condenas dictadas por jueces del régimen o en circunstancias excepcionales".
Junts per Catalunya (JxCat) ha pedido en sus enmiendas a la ley de memoria democrática indemnizar con 60.000 euros a los herederos de quienes murieron condenados a pena de muerte por motivos políticos en la dictadura franquista, cuando no se haya reconocido por ello una "pensión o indemnización" pública.
JxCat considera que la ley debe incluir una previsión de indemnización para víctimas franquistas y en concreto para quienes "murieron ejecutadas en cumplimiento de condenas dictadas por jueces del régimen o en circunstancias excepcionales".
Señala en su enmienda que el Ministerio de Economía o el de Hacienda determinarán "el procedimiento, las condiciones para su obtención y el órgano competente para el reconocimiento y abono de estas ayudas".
Además, en otra enmienda pide que el Estado compense económicamente a los gobiernos catalán, valenciano y vasco "por los perjuicios causados por el franquismo al patrimonio de las respectivas instituciones autonómicas que actuaron en sus territorios durante el periodo republicano".
También reclama para estos gobiernos la restitución de los bienes muebles e inmuebles y de toda la documentación institucional que fue "incautada durante el franquismo".
En otra enmienda más general, JxCat solicita la restitución de "los bienes culturales o artísticos que de manera impropia las autoridades locales franquista cedieron o donaron a cargos o autoridades franquistas en perjuicio de su patrimonio municipal".
Además, el partido independentista catalán apunta que "las nacionalidades con lengua y cultura propias represaliadas por la dictadura serán objeto de medidas específicas de reconocimiento y reparación" en la ley.
También sugiere declarar la "ilegalidad" del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura fascista, así como declarar "lugares de memoria todos los campos de concentración e internamiento del periodo de guerra y posguerra", como "los centros policiales de detención donde se hubieran practicado de manera sistemática malos tratos y torturas a los represaliados políticos".
En el caso del Valle de los Caídos, pide que pase a llamarse centro de memoria de Cuelgamuros, en línea con la propuesta de PSOE y Unidas Podemos.
