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Escrivá perfila el primer gran fondo de pensiones de empleo de garantía pública

Estará supervisado por una comisión que contará con 17 miembros cuatro los elegirán los sindicatos, cuatro las patronales y nueve el ministerio.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Europa Press

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha puesto ya encima de la mesa cómo quiere que sea el diseño del primer gran fondo de pensiones de empleo de garantía pública que se pondrá en marcha en España. Y lo hace casi un año después de que contemplase su creación en los Presupuestos de 2021.

Con esta medida el objetivo del Gobierno es que la mayor parte de trabajadores tengan un plan de empleo de pensiones, algo que ahora es casi una excepción (apenas uno de cada diez), y que obtengan unas condiciones muy ventajosas, mucho más que las de los planes individuales, que ahora gravan más en las nuevas cuentas para el año que viene.

Así, Escrivá plantea un límite en la comisión que se lleve la entidad gestora que se encargará de invertir los ahorros de los trabajadores para que disfruten de un extra en su jubilación -y que se adjudicará por concurso público-: nunca podrá cobrar más del 0,4% por gestionar un presupuesto que podría ascender a 100.000 millones de euros. Así consta en el borrador del anteproyecto de ley reguladora al que ha tenido acceso este periódico.

"En ningún caso las comisiones devengadas por la entidad gestora, incluyendo las retribuciones correspondientes a las entidades en las que se hubieran delegado funciones, podrán resultar superiores, por todos los conceptos, al 0,4 por ciento del valor de las cuentas de posición a las que deberán imputarse", explica el texto. En la actualidad la comisión de los planes de empleo se sitúa en el 0,3%, mientras que la de los planes individuales se eleva hasta el 1,2%.

Además, el límite que corresponda resultará aplicable diariamente, tanto a cada plan de pensiones integrado, como al fondo de pensiones en su conjunto, e, individualmente, a cada partícipe y beneficiario.

Pero otra obligación que contraerán las entidades gestoras es alcanzar un patrimonio mínimo en los términos que se establezcan en el proceso de selección. A su vez, tendrán que utilizar una plataforma digital común que permita el acceso remoto y por medios telemáticos tanto a las empresas como a sus representantes, dando servicio a partícipes y beneficiarios. Es decir, la plataforma digital común permitirá la trazabilidad del histórico de movimientos económicos de los partícipes y de los promotores independientemente de los traslados de plan que se hayan registrado.

Concurso libre cada tres años

Con una periodicidad máxima de tres años, el Ministerio de Seguridad Social convocará un procedimiento abierto entre entidades gestoras de fondos de pensiones para la constitución y gestión de nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Pero para ello les impondrá una serie de requisitos que deben cumplir, como tener un volumen de patrimonio bajo gestión en fondos de pensiones al cierre del ejercicio anterior superior a 1.000 millones de euros, o estar constituida como mutualidad de previsión social cuyas provisiones matemáticas del ejercicio anterior superen los 1.000 millones de euros, así como presentar un máximo de tres propuestas.

El Ejecutivo vigilará que los activos de los fondos de pensiones serán invertidos exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones. Para ello, la estrategia de inversiones del fondo de pensiones se hará constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con su autorización y tendrá un carácter estable y a largo plazo. Asimismo, deberá ser revisada al menos cada cinco años.

El buen funcionamiento y control de este superfondo público recaerá en una comisión que se creará específicamente para tal fin y -según consta en el texto- estará compuesta por diecisiete miembros: cuatro serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas (UGT y CC OO), cuatro por las organizaciones empresariales más representativas (CEOE y Cepyme) y nueve serán designados por el Ministerio.

CC OO y UGT mostraron su desacuerdo con lo que consideran un "desarrollo parcial de su compromiso de fondo público que no aborda cuestiones esenciales en esa materia en relación de los derechos de las personas trabajadoras y que supone cambios sustanciales sobre la regulación actual". Consideran que el texto contiene muchas "controversias", que no detalla de dónde se va a sacar el dinero para financiarlo y criticaron que se cree una comisión con personas retribuidas. Además, denunciaron que este tema ahora no toca tratarlo, que se debatirá en la segunda fase de la reforma, mientras que temas principales como el factor de sostenibilidad o la reforma del RETA están aparcados.

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