El Gobierno insiste en mantener el decreto de recortes a pesar de la presión de las eléctricas
La vicepresidenta Ribera se reúne este miércoles con Iberdrola y Naturgy antes de la votación del jueves en el Congreso tras días de tensos encuentros.
Cuando apenas restan 24 horas para que el Congreso de los Diputados valide el decreto-ley aprobado por el Gobierno a mediados de septiembre para amortiguar la subida de la luz, el Ejecutivo insiste en que no es momento de introducir algún cambio en el texto que recorta, como mínimo, 2.600 millones de euros en ingresos a las eléctricas.
A medida que han avanzado los últimos días, la tensión entre el propio Gobierno y las compañías del sector se ha hecho patente. La cara más visible de ese descontento con el decreto que salió de la Moncloa hace un mes es el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. El ejecutivo ha llegado a tachar de "terrorismo legislativo" esa norma por la minoración de los ingresos que perciben las empresas, incrementados por el alza del coste del gas, de la que, según el Ejecutivo, se benefician indirectamente de forma millonaria.
Galán será, junto al presidente de Naturgy, Francisco Reynés, el último ejecutivo del sector que se reúna con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Será este miércoles, apenas un día antes de la votación en la Cámara baja del decreto que sigue intacto su camino parlamentario. Desde la compañía insisten en su actitud "dialogante" para resolver un conflicto enquistado en los últimos días.
Si en las eléctricas ha sentado mal el decreto, en el Gobierno no esperaban la reacción airada del sector. De hecho, fuentes del Ejecutivo insisten en que es hora de que las compañías "arrimen el hombro" en un contexto como el actual, condicionado por una crisis energética de precios que azota a toda Europa, en general, y a España, en particular. También aluden a la "responsabilidad corporativa" que tienen estos grupos ante la sociedad y los territorios en los que operan habitualmente. De hecho, sostienen que la actitud de las empresas "choca" con los intereses de sus propios clientes, tanto particulares como empresas, que están viendo cómo se incrementaba el importe de sus facturas hasta el plan de ajuste aprobado por el Consejo de Ministros.
En esta ecuación parlamentaria también entra la posición de uno de los socios parlamentarios del Gobierno de coalición: el PNV. El interés de Iberdrola en el País Vasco es histórico, y las relaciones con el gobierno de esa comunidad autónoma también. Puede ser la vía por la que la empresa encuentre la fórmula para que Transición Ecológica pueda cambiar una parte del decreto. Aunque, al mismo tiempo, la vicepresidenta Ribera cuenta con la presión de su socio, Unidas Podemos, reacio a cualquier cambio que implique una mejora de ingresos para las energéticas en un momento como el actual de recibos de la luz en máximos.
Una de las claves del éxito o fracaso de las conversaciones entre Gobierno y energéticas se encuentra en la aplicación de las sentencias judiciales pendientes de realizar por parte del Ejecutivo, en las que el Tribunal Supremo obligaba a devolver importantes cantidades de dinero al sector por la reforma de 2013 realizada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Compensaciones indirectas
Iberdrola estima que el impacto de la minoración de los ingresos del gas será de 500 millones de euros en 2021 y 2022 y otros 350 millones el próximo año por el CO2. Con todo, la compañía considera que estas medidas serán compensadas en gran medida por el efecto favorable de la devolución del canon de las hidráulicas, que podría suponer para el sector recuperar en torno a 500 millones de euros. Pero por el momento no hay visibilidad del calendario de dicha recuperación ni los importes correspondientes a las compañías.
El Supremo anuló a mediados de mayo la retroactividad del canon hidráulico de 2013 y 2014, que el Gobierno del PP impuso a las eléctricas en 2015 por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.
Además, el BOE publicaba este martes que Transición Ecológica ejecutará diversas sentencias del Alto Tribunal Supremo en relación con las refacturaciones de los suplementos territoriales de 2013, con lo que deberá abonar a las empresas recurrentes dicho coste. En concreto, deberá pagar por los costes por refacturación a Naturgy, Iberdrola, Repsol y EDP España.
