El 20 de marzo de 2020, en plena crisis mundial por el desabastecimiento de mascarillas, el Ministerio de Sanidad adjudicó sin ningún tipo de concurso al desconocido intermediario internacional Hangzhou Ruining un contrato para el suministro de 8,8 millones de mascarillas. El departamento de Salvador Illa pagó a esta empresa 31,3 millones de euros, una cifra exorbitada incluso para esos días (3,55 euros cada tapabocas).

La cuarta parte del pedido -2,1 millones de mascarillas del tipo FFP2- tenía como fabricante a la empresa Garry Galaxy, otra firma también sin prestigio alguno en sector. A pesar de ello, sus mascarillas inundaron de inmediato los hospitales y residencias, hasta que en abril tuvieron que ser retiradas urgentemente al comprobar que centenares de miles de estos tapabocas eran defectuosos y no protegían de los contagios. De hecho, decenas de profesionales sanitarios resultaron infectados a pesar de portarlas siguiendo escrupulosamente los protocolos marcados por Sanidad.

Aquel escándalo, que ha acabado en los tribunales con Salvador Illa investigado por un juzgado de Madrid por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, ha sido la mayor 'estafa covid' detectada hasta el momento, pero ni mucho menos ha sido la única. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), desde junio del pasado año (cuando empezó una campaña específica contra el material fraudulento relacionado con la covid), ha lanzado 119 alertas sobre todo tipo de productos médicos 'fake' vinculados con la pandemia. Según revelan los informes de la Aemps, los intentos de colocar material en el mercado español apenas se han reducido en los últimos meses a pesar del repliegue del virus. En realidad, solo ha cambiado el tipo de productos que se intenta colar a las autoridades sanitarias españolas.

Y es que las denuncias de la Aemps al principio de la pandemia eran en su mayor parte, aunque no de forma exclusiva, sobre material de protección ante el virus. La agencia ha emitido exactamente cien alertas sobre este tipo de productos. La variedad de estafas, revelan los documentos oficiales, ha ido mucho más de las mascarillas.

Fraudes enormes

La avalancha de material fraudulento detectado por la agencia al calor de la crisis sanitaria ha sido (y es) enorme: batas, paños quirúrgicos, fundas protectoras estériles, guantes, gorros, protectores de cama, monitores de signos vitales, oxímetros, pulsómetros, humificadores, jeringas desechables, esponjas, juegos de infusión, juegos de perfusión, juegos de transfusión, agujas, catéteres, kits quirúgicos, calentadores, delantales, gasas, cubrezapatos, termómetros, vendas, equipos de recogidas de líquidos, respiradores, concentrados de oxígeno, desinfectantes para manos e instrumental...

Aunque las alertas sobre material de protección contra el coronavirus no han cesado ni mucho menos, en los últimos meses se alternan con notificaciones de fraudes sobre «productos de diagnóstico in vitro», o sea, test para localizar la presencia del virus. La Aemps hasta el momento ha emitido 19 de alertas sobre pruebas de autodiagnósticas de todo tipo.

La variedad de los incumplimientos que han provocado la inmediata retirada del mercado del material como mascarillas, guantes y demás ha sido igualmente muy amplia. Lo que más abunda ha sido directamente la «falsificación de certificados» o la falta de un «representante autorizado» en España, pero ha habido muchas otras irregularidades: fabricantes desconocidos, productos sin fecha de caducidad, falta de número de identificación, graves defectos en la fabricación, organismos no autorizados para emitir notificaciones o ausencia de autorización para comercializar productos sanitarios, entre otras muchas ilegalidades.

En el caso de los tests los fraudes más comunes han sido usar «representantes falsos» en España, comercializar como pruebas de autodiagnóstico instrumentos de «uso profesional» o mentir sobre la «sensibilidad» de los aparatos.

En la mayoría de los casos, los fabricantes de estos productos 'fake' anticovid eran de China y otros países extracomunitarios de difícil seguimiento como India, Pakistán, Malasia, Singapur, Turquía, Tailandia, Rusia, Sudáfrica, Camerún e, incluso, la Siria de postguerra (una empresa de Alepo intentó introducir mascarillas y guantes 'fake').

Pero en otros casos, los fabricante que han intentado colar en España productos fraudulentos y tests aprovechándose de la crisis sanitaria han sido españoles (en los listados de la Aemps aparecen los nombres y direcciones de tres empresas nacionales por supuestas irregularidades en mascarillas y tests de autodiagnóstico).

También ha habido fabricantes denunciados como fraudulentos en la UE (Francia, Alemania, Italia, Suecia, Polonia, Hungría, Lituania o Dinamarca) y en países con regulaciones aparentemente homologables a la europeas como Estados Unidos, Suiza o Israel.