Igualdad creará un registro de objetores para garantizar el aborto y los Obispos se oponen
Mientras, Madrid aprueba retirar subvenciones públicas a entidades que acosen a mujeres en clínicas de interrupción del embarazo.
El Ministerio de Igualdad incluirá en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) un registro de profesionales objetores para garantizar el acceso al aborto en todos los casos, una iniciativa que se va a realizar, según han explicado fuentes del Ministerio, a imagen del registro que ya se incluye en la Ley de Eutanasia.
Fuentes del departamento que dirige Irene Montero, ha explicado que se ha decidido usar la Ley de Eutanasia como referencia en esta materia porque obtuvo un amplio consenso durante su redacción.
El objetivo de este registro de objetores, según han apuntado las mismas fuentes, es identificar las necesidades en cada área sanitaria, de manera que se pueda garantizar el derecho al aborto en todos los casos.
La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ya explicó este lunes que en España existe "una mala práctica" en relación a la "objeción de conciencia" de los profesionales que "hace que el derecho humano al aborto se obstaculice" y no sea tratado como "una prestación más de la cartera del Sistema Nacional de Salud", sino "una práctica que genera estigma social".
Ocho provincias sin abortos desde 1988
En este sentido, Igualdad señala que el 87,1% de los abortos se realizaron en entornos extrahospitalarios, de los cuales el 79% fueron en centros privados.
Así, indica, se recoge en el informe sobre este tema del Ministerio de Sanidad publicado en 2019 y que permite también hacer una comparativa de los informes anuales publicados entre 1988 y 2018. De esta comparativa, denuncia Igualdad, se extrae que hay ocho provincias en las que no se han practicado interrupciones voluntarias del embarazo.
"Estos datos indican que existe un problema en relación con la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la IVE", explica Igualdad, que también pone el foco en el "acoso" que las mujeres y profesionales sufren en el acceso a algunas clínicas abortistas en España.
Tal y como explica Igualdad en el texto publicado con motivo del inicio de esta consulta, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la IVE supuso, hace 11 años, "notables" avances, pero también, señala, se han registrado "obstáculos que han dificultado el ejercicio efectivo y pleno del conjunto de los derechos" recogidos en la norma.
Mujeres de 16 y 17 años
A su juicio, la legislación actual "restringe la capacidad de decisión" para abortar "de las mujeres de 16 y 17 años, limitando lo establecido para otro tipo de prestaciones sanitarias" que se recogen en la Ley de Autonomía del Paciente.
Atender este problema, apunta Igualdad, es uno de los aspectos centrales a los que pretende dar respuesta la modificación de la norma, como también impulsar instrumentos que permitan una mayor celeridad en la concreción de la Estrategia de Atención al Parto Normal en protocolos asistenciales, desde un enfoque de género, que promuevan la autonomía de la mujer y el parto respetuoso.
Otros "objetivos" de esta reforma, según recoge el Ministerio en el documento, es garantizar la educación sexual integral con enfoque de género y en todas las etapas de la vida; reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la IVE; o garantizar la equidad territorial, la accesibilidad, así como la eliminación de la estigmatización y el acoso.
Del mismo modo, busca promover la formación de profesionales sanitarios, potenciar la investigación y los estudios, así como el fomento de buenas prácticas que, desde la diversidad y el enfoque feminista, promocionen los buenos tratos.
Esta iniciativa, ha explicado el Ministerio, también tiene como objetivo que se hable sobre la importancia de una educación sexual con enfoque de género y en todas las etapas vitales.
Los obispos opinan
Al conocer esta decisión varios obispos se han mostrado contrarios a la propuesta.
A su parecer, "sería atentar contra la libertad de la persona", ha opinado eel arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, este martes antes de entrar a la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebra en Madrid.
Barrio considera que "no se debe de hacer" un registro de médicos que no quieran practicar abortos, "porque la libertad de conciencia es algo que hay que respetar siempre".
En la misma línea se ha pronunciado el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, quien ha defendido que "la objeción de conciencia es un derecho y un signo de libertad". "Si estamos en un Estado de Derecho, hay que respetarlo", ha subrayado.
Hacer el bien y evitar el mal
En este sentido, el prelado ha pedido "libertad" para que cada médico pueda "obrar siempre en conciencia para hacer el bien y evitar el mal".
Mientras, en la Comunidad de Madrid, se ha aprobado la retirada de subvenciones públicas a entidades que acosen a mujeres en los entornos de las clínicas de interrupción del embarazo.
La proposición, presentada por Más Madrid, ha sido apoyada por PSOE, Grupo Mixto y Cs, después de que los 'naranja' consiguieran introducir una enmmienda a favor de la libertad de conciencia de los médicos. PP y Vox han votado en contra.
La concejala de Más Madrid Carolina Pulido ha reclamado en el Pleno de Cibeles que se garantice "el derecho de las mujeres a ejercer su derecho al aborto en libertad, de acuerdo a la ley y garantizar su integridad física y moral".
También "el derecho a la libre circulación en el entorno de los centros sanitarios acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo y la retirada de las subvenciones públicas a entidades que participen del acoso a las mujeres, tanto en el ámbito de las clínicas como elaborando y difundiendo información falsa sobre la interrupción voluntaria del embarazo".
Una vergüenza para Madrid
"Es una vergüenza para una ciudad abierta como es Madrid", ha lamentado la edil, que ha pedido zonas de seguridad en los entornos de las clínicas, como en otras ciudades.
Según la Asociación de Clínicas de Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), ha citado Pulido, desde que se aprobó la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, de 2010, "más de 8.000 mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas y amenazadas de algún modo, cuando ejercían el derecho a interrumpir su gestación en un centro sanitario".
"Amparándose en la libertad de manifestación, reunión y expresión, los grupos antiderechos están organizando de forma recurrente puestas en escena en la vía pública, junto a los accesos a las clínicas de IVE, difunden información falsa, insultan, coaccionan y tratan de impedir el acceso a las clínicas de las mujeres, vulnerando su derecho a la intimidad y a la integridad física y moral", ha subrayado Carolina Pulido.
La concejala del Grupo Mixto Marta Higueras ha apoyado la proposición aunque cree que nace vieja después de que la pasada semana se tomara en consideración en el Congreso una propuesta del PSOE para tipificar como delito el acoso a las mujeres en los alrededores de las clínicas, rechazada por PP y Vox. "Brujas aparte, gracias al Gobierno se podrá acabar con esta práctica y denunciar a estas personas y organizaciones", ha subrayado.
La concejala de Vox Arantxa Cabello ha negado que el aborto sea un derecho. "Sí es una desgracia, ha declarado en el Pleno, donde ha cargado contra la "ley aberrante" que derogarían de llegar al Gobierno.
Cabello ha instado a que se aplique el Código Penal "y que denuncie si alguien es acosado" pero que no se debe castigar "a quien no piense igual" porque eso no es más que una "práctica totalitaria" propia "de la izquierda". La socialista Emilia Martínez ha recordado la proposición de su partido elevada al Congreso y criticado la "doble moral de la ultraderecha".
La concejala de Cs Sofía Miranda, que ha criticado que "los extremos" quieran debatir sobre un asunto completamente asumido en el país para generar confrontación, ha sostenido que "la violencia y el acoso no puede ser una herramienta política porque es contrario a la libertad".
