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El Gobierno aprobará este martes la ley que castiga las novatadas y la de FP

La ley de Convivencia Universitaria solo será de aplicación a las universidades públicas, que deberán aprobar sus propias normas y cuyo régimen disciplinario se dirige en exclusiva a los estudiantes.

Pilar Alegría junto a la nueva portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros
Pilar Alegría junto a la nueva portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa del Consejo de Ministros
Efe

El Gobierno aprobará este martes la ley de Convivencia Universitaria, con lo que se deroga una de las pocas normas franquistas aún en vigor, y el proyecto de ley de Formación Profesional, que busca modernizar esta enseñanza, que, por primera vez, superarán el millón de alumnos en el curso 2021-2022.

En ambos casos será la segunda vez que pasan por la mesa del Consejo de Ministros, en cuya habitual rueda de prensa participará previsiblemente la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

La ley de Convivencia Universitaria solo será de aplicación a las universidades públicas, que deberán aprobar sus propias normas y cuyo régimen disciplinario se dirige en exclusiva a los estudiantes.

De acuerdo con este texto, las novatadas, el plagio o el acoso pueden ser sancionados con la expulsión de entre dos meses y tres años en la universidad, y clasifica las faltas en tres niveles en función de su gravedad.

Entre las faltas figuran el plagio de una obra o cometer fraude académico en un trabajo de fin de grado, fin de máster o tesis doctoral; alterar o falsificar documentos académicos, y hacer novatadas u otras conductas análogas que supongan menoscabo para la dignidad de las personas.

La instrucción de un procedimiento disciplinario puede suspenderse para proceder a una mediación, un mecanismo esencial de la norma.

El proyecto derogará una de las pocas normas franquistas aún en vigor: el Reglamento de Disciplina Académica de Enseñanza Superior, firmado por Franco y el ministro Joaquín Ruiz Giménez en septiembre de 1954 en el Pazo de Meirás, que a juicio del Ministerio de Universidades es anacrónico y entraba en contradicción con los principios democráticos.

Por otro lado, el anteproyecto de ley de Formación Profesional, que integra por primera vez la FP del sistema educativo y la FP para el empleo en un solo modelo, prevé que prácticamente toda su oferta formativa pase a ser dual, de modo que se aumenta el tiempo de estancia de los alumnos en los centros de trabajo.

Entre sus novedades figura el establecimiento de un sistema gradual y acumulable, que abarca desde microformaciones hasta cursos de especialización, dirigida tanto a estudiantes y trabajadores, (empleados y desempleados) y ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes.

El Grado A supone la acreditación parcial de competencias; el Grado B -Certificado de Competencia Profesional-; Grado C: Certificado Profesional; Grado D -Ciclos Formativos (Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior)- y Grado E -cursos de especialización (título de especialista y Máster Profesional)-.

Toda la oferta en ciclos de los Grados C, D y E tendrá carácter dual.

El anteproyecto de Ley de Formación Profesional regula la relación entre las enseñanzas de FP y las universitarias, de modo que facilita el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambas enseñanzas.

La memoria económica de la nueva ley, que pretende adaptarse mejor a las necesidades del tejido empresarial español, de ahí la alta implicación de empresas y sindicatos en su redacción, contará con un presupuesto de alrededor de 5.000 millones de euros.

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