Campo, el ministro de los indultos a los líderes del 'procés', deja Justicia con un CGPJ por renovar
Al frente de esta cartera ha abordado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Crimina y una modernización de la Administración de Justicia.
El hasta ahora ministro de Justicia Juan Carlos Campo abandona el departamento después de haber permanecido en él solo un año y medio, y dejando pendientes la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la reforma del delito de Sedición -uno de sus retos de legislatura- y tras materializarse la salida de prisión de lo líderes independentistas del 'procés' por medio de los indultos, medida de gracia impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Juan Carlos Campo fue nombrado ministro de Justicia en enero de 2020, cuando se conformó el nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones generales de noviembre de 2019. Era el segundo intento de conformar un Ejecutivo para el presidente socialista que en los comicios de abril se resistió a llegar a La Moncloa de la mano de la formación 'morada'.
Este sábado durante la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, para anunciar los cambios en el Ejecutivo ha dado las gracias a los ministros salientes y ha destacado de ellos su dedicación, talento y vocación de servicio en un periodo que ha sido complicado por la emergencia sanitaria. "La emergencia sanitaria de la que salimos nos ha puesto a prueba como sociedad (...) y he sido testigo del temple de los colaboradores (...), que se han dejado la piel en unas circunstancias mas duras", ha apuntado.
Antes de hacerse con esa cartera ministerial, Campo fue portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en las últimas tres legislaturas y además, llegó a Justicia conociendo la casa ya que fue secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011 durante el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, de 2001 a 2008 este jurista fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Precisamente la renovación de ese consejo, que se arrastra desde finales de 2018, era uno de los grandes retos que debía abordar cuando recogió la batuta del ministerio de manos de la actual fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado. Pero si bien la tarea se antojaba posible dada la buena sintonía con el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, Campo se ha encontrado con trabas que le han impedido cuajar un acuerdo en la primera mitad de la legislatura.
Se da la circunstancia de que hace tan solo dos días la Comisión Europea reiteraba a España que debía renovar el CGPJ, en la actualidad presidido por Carlos Lesmes, fruto del pacto entre Gobierno y oposición, y urgía a poner en marcha una reforma sobre su composición para garantizar que sus miembros sean elegidos por los propios jueces.
Se marcha también dejando pendiente la renovación de cuatro miembros de los 12 que conforman el Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. Hace meses que el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.
La Constitución establece que de los doce miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
En su tiempo como ministro, el hito más relevante ha sido el de pilotar desde el departamento la desjudicialización del conflicto político con Cataluña, una de las tareas relevantes que le encomendó Sánchez al darle la cartera. Y ese camino culminó el 22 de junio, hace apenas dos semanas cuando el Consejo de Ministros aprobaba los indultos para los nueve condenados por sedición y malversación en el 'procés' independentista en Cataluña que todavía seguían en la cárcel.
Pero además de estos retos, Campo ha abordado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 y con el que pretende adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea.
El cambio de modelo -que permanecía sin cambios desde el siglo XIX- da todo el protagonismo al Ministerio Público en la fase de instrucción en detrimento del juez, y fue contestado por los fiscales y jueces dado que debe ir acompañado de un aumento de la plantilla puesto que tendrán más atribuciones y ha de llevar aparejada una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La Justicia 2030 y el coronavirus
El mandato de Campo al frente de Justicia se vio además afectado pronto por la crisis sanitaria derivada del coronavirus, esto provocó una paralización de la Administración de Justicia que debió ser afrontada por su departamento con el objetivo de sacar de la parálisis todos los procedimientos y señalamientos en curso.
El hasta ahora ministro desarrolló un plan de choque antes del verano de 2020 con el objetivo de reactivar la actividad que quedó mermada por el confinamiento fruto del Estado de Alarma, y el objetivo fue hacer frente al previsible aumento de litigiosidad derivado de la ralentización de la actividad durante la crisis sanitaria del coronavirus. las medidas adoptadas fueron muy contestadas por los operadores jurídicos que no recibieron bien que se habilitara parte del mes de agosto.
Por otro lado, Campo deja sin hacer una de sus medidas bandera desde el inicio de la legislatura, la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal. Si bien llegó a decir que antes de que acabara 2020 estaría hecho al menos el de Sedición, lo cierto es que hasta la fecha no se ha realizado. Esta modificación habría afectado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont si fuese finalmente juzgado.
Durante su corto mandato, el Ministerio de Justicia también anunció que estudiaba la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona dentro del Código Penal para que no fueran castigados con penas privativas de libertad.
El anunció se hizo en febrero de 2021 tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por orden de la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales.
Justicia 2030 y el Registro Civil
Campo indicó que estudiaban reformar los delitos "más controvertidos" comprendidos en lo que comúnmente se denominan "delitos de expresión" como son el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el delito de odio, los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones y los delitos contra los sentimientos religiosos.
Pero en su tiempo al frente de Justicia también ha impulsado por medio de lo que se ha denominado la 'Justicia 2030' una modernización de la administración de justicia que conlleva por ejemplo una reforma de la planta judicial de España que tiene un horizonte de tres años. El objetivo del ministerio es que mediante la Ley de Eficiencia Organizativa, 431 tribunales de instancia -uno por partido judicial- absorvan los actuales juzgados, y que que funcionen a través de secciones especializadas (penal, civil, mercantil...).
En el haber, Campo se apunta la entrada en vigor de la nueva ley del Registro Civil en mayo de 2021, que llevaba en barbecho una década, y que alumbra un nuevo modelo que se asienta sobre tres pilares: la desjudicalización, la digitalización y la implantación territorial para no dejar atrás a la España vaciada.
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